Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos (EEUU) habría rechazado la supuesta oferta de Venezuela para evitar que seis empresas se unan a la eventual subasta judicial de acciones de Citgo, reseñó Reuters.
De acuerdo con la agencia, la decisión “les permite a los seis seguir adelante con sus reclamos combinados de alrededor de $3 mil millones contra la petrolera estatal venezolana PDVSA en un tribunal federal de Delaware”.
“Por segunda vez en cinco años, concluimos que PDVSA es el alter ego de Venezuela, y afirmaremos la denegación de inmunidad soberana a PDVSA por parte del Tribunal de Distrito”, dictaminó el panel de tres jueces.
Reuters acotó que las empresas “habían ganado embargos condicionales en un caso federal en el que el juez aprobó un proceso para subastar las acciones para pagar una sentencia de $970 millones ganada por la minera Crystallex”.
Las empresas en cuestión serían la unidad de O-I Glass (OI.N), Huntington Ingalls Industries (HII.N), ACL1 Investments, Koch Minerals y las compañías mineras Rusoro Mining (RML.V) y Gold Reserve (GRZ.V).
El pasado 27 de julio el juez estadounidense Leonard Stark dijo que está dispuesto a proceder con la venta de acciones de Citgo Petroleum, principal activo de Venezuela en el extranjero, para “satisfacer los reclamos de los acreedores”, según recoge Reuters.
El caso Citgo
La refinadora con sede en Houston, bajo control de agentes asociados al fenecido gobierno interino de Juan Guaidó desde 2019, está a punto de ser sometida a un remate para cobrar presuntas deudas de la estatal Petróleos de Venezuela, a partir de un fallo judicial basado en manejos dolosos cometidos por sus actuales administradores.
Empero, desde 2020 el Estado venezolano ha denunciado que se trata de un plan estructurado para despojarlo de sus riquezas orquestado desde Washington en contubernio con operadores locales.
Según lo referido por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, en el plan jugó un papel preponderante el abogado José Ignacio Hernández, designado por Guaidó como pretendido procurador de la República, a pesar de que había ejercido como asesor jurídico de la trasnacional minera Crystallex y el conflicto de intereses era evidente.
En comparecencia pública a inicios de mayo, Rodríguez aseguró que existen suficientes pruebas de que Hernández avanzó una estrategia de introducción de demandas en cortes estadounidenses para cobrar presuntas deudas de Venezuela, en el entendido que las autoridades no podrían ejercer su derecho a la defensa y que el sistema judicial estadounidense inclinaría la balanza a su favor.
Sobre esto, conviene recordar que el juez Leonard Stark adscrito a la Corte Federal del estado de Delaware dictaminó que los pseudofuncionarios del interinato habían manejado Citgo “como una caja chica”, lo que abrió el compás para invocar la figura jurídica del alter ego, que en este caso sirvió para equiparar a Pdvsa Holding, casa matriz de Citgo, con la propia refinadora.
En términos prácticos, esto implica que pueden emplearse los activos de Citgo para honrar los reclamos de los acreedores de Pdvsa reconocidos por los tribunales de Estados Unidos, que según los últimos cálculos, podrían sobrepasar los 10.000 millones de dólares.
Aunque la sentencia de Stark data de 2022, su ejecución había estado frenada por la extensión de una licencia emitida por el Departamento del Tesoro que impedía el remate de la compañía venezolana, pero tras la publicación de la Licencia General Nº42, esta «protección» llegará a su fin el venidero junio.
De su lado, en nombre del Estado venezolano, el presidente Nicolás Maduro ha exigido a Washington la devolución inmediata de la compañía, así como el reintegro de todos los dividendos que generó desde 2019 y ha subrayado que su administración desconoce todas las decisiones tomadas por la pretendida junta directiva designada por Guaidó.
De acuerdo con estimaciones oficiales, Estados Unidos retuvo 4.000 millones de dólares en dividendos de Citgo entre 2019 y 2022, aunque si se considera el impacto global de las operaciones de la refinadora dentro de la industria petrolera local, la pérdida alcanza los 900 millones de dólares por mes, dijo Maduro.