Con la reforma a la Ley de IGTF el gobierno busca alimentar su flujo de caja, pero al margen de lo que se ha dicho sobre el instrumento legal, las tarjetas internacionales, los pagos en pequeños comercios, las remesas, la compra y venta de divisas en el mercado interbancario y las cuentas en dólares abiertas en el sistema financiero nacional se salvan del pago de impuestos.
Nicolás Maduro diseña su arquitectura financiera. No hay margen para improvisaciones. En la cúpula del poder siguen un programa. Un programa progresivo en torno a lo macroeconómico que es producto de un reacomodo a la fuerza de la cuadratura de la jerarquía para evitar ser devorados por la crisis que mostró su peor cara entre 2017 y 2020.
El «reacomodo a la fuerza» llegó con dolarización transaccional como «válvula de escape», esto último dicho por el propio Maduro, un «experto» escapista de las crisis, más por torpeza de la oposición que por sus propios medios. El reacomodo también vino con política monetaria restrictiva vía encaje legal y la libertad de emisión de papeles comerciales en dólares a las empresas para poder financiarse en un mercado seco y con la banca asfixiada.
La ejecución presupuestaria del gobierno, en palabras de Asdrúbal Oliveros en una entrevista que concedió a este portal, ha sido mayormente en dólares y no en bolívares y redujo su déficit hasta 5 puntos, según sus estimaciones.
Al cuadro hay que sumarle el aumento de los ingresos en divisas. Y con el aumento de los ingresos llegaron las intervenciones cambiarias para mantener a raya la variación del tipo de cambio. Con el cuadro anterior dibujado, Venezuela salió de su ciclo hiperinflacionario (un dato que anticipamos en julio de 2021) y todo apunta a que este año habrá un «crecimiento» del Producto Interno Bruto. O sea, un rebote luego de ocho años de sequía.
Con la reciente sanción del Parlamento electo en 2020 a la reforma de la Ley de Impuestos a Grandes Transacciones Financieras (IGTF) no debe haber sorpresa. No es una acción improvisada. Forma, como dijimos al inicio de esta nota, parte de un libreto. De un programa. Ese programa implica forzosamente que el Gobierno recoja parte de la liquidez en dólares con impuestos. La ley IGTF no es nueva. Un 13% de la recaudación tributaria de 2021 fue hecha a través de ese instrumento legal.
Lo que hubo la semana pasada fue una reforma que pretende ampliar el rango de acción de la Ley: el gobierno necesita flujo de caja. Y flujo de caja en divisas. Por eso aspira recaudar unos 5 puntos más que el año pasado con la reforma, que busca retener un promedio de 3% de transacciones de «grandes contribuyentes».
Pero de la reforma a la Ley se salvaron cinco grupos:
-Los que efectúan operaciones de compra y venta de divisas en el mercado interbancario.
-Los que pagan en divisas en efectivo a pequeños comercios. Califican, en cambio, como «contribuyentes especiales» los comercios que generen 30 mil unidades tributarias anuales.
-Los que pagan en puntos de venta con tarjetas internacionales.
-Los que tienen cuentas abiertas en divisas en el sistema financiero nacional.
-Y los que reciben remesas.
Todo lo demás será objeto de consideración en la reforma a la Ley.
Algunos economistas como Luis Oliveros han dicho que un impuesto de 3% al comercio con divisas «no es una buena noticia», mientras que Jorge Rodríguez no disimula las intenciones del gobierno:
«Esta reforma permitirá que el Estado reciba los dólares que se embolsillan los ricos y los grandes comerciantes», dijo, tras sancionarse la reforma.
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