Si alguna lección ha dejado la historia política venezolana reciente, es la obligatoriedad de mantener la autonomía de los poderes públicos. El período 2001-2015 fue testigo de los desmanes que derivan de una Asamblea Nacional que renegó de sus funciones para estar al servicio de una parcialidad política que ordenó completa sumisión.
El artículo 187 de la CRBV fue letra muerta en aquellos apartados que llaman a la discusión y la actitud crítica, tales como: ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional; y dar voto de censura al vicepresidente ejecutivo y los ministros.
En contraste, esa Asamblea roja rojita demostró sobrada eficiencia al ejercer la función de “aprobar y autorizar”, entre otros, cuantiosos créditos adicionales que, en el caso de este año, duplicaron el Presupuesto Nacional; también es responsable del tinglado de leyes, como las del Poder Popular, cuyo contenido ha sido cuestionado por inconstitucional; no hay que olvidar que fue responsable de autorizar la salida del Presidente de la República del territorio nacional, que este año acumuló más de veinte viajes al exterior… con todo y familia.
Que una palabra como “opacidad” forme parte del registro común del hablante venezolano, es uno de los legados de la sucesión de quienes presidieron la Asamblea Nacional: William Lara (2001-2002); Francisco Ameliach (2003-2004); Nicolás Maduro (2005-2006); Cilia Flores (2006-2010); Fernando Soto Rojas (2011-2012); y Diosdado Cabello (2012-2015)… pero no gracias al excelso verbo que jamás emplearon, sino debido al deliberado ocultamiento de cifras, datos, estadísticas e indicadores de interés nacional. Su gran problema es que solo pudieron ocultar las cifras que demuestran la magnitud de la crisis… mas no el hecho de que estamos en crisis.
Más allá de si resulta electo Henry Ramos Allup o Julio Borges, el próximo presidente de la AN tendrá la enorme responsabilidad de distanciarse de la actitud de sus predecesores y de asumir su rol de manera cabal, tal y como lo mandan la Constitución y el pueblo venezolano. Sin duda, una de las primeras acciones a emprender por la nueva Asamblea Nacional será la restitución de su función contralora y fiscalizadora; entre otras razones, porque es improcedente que los diputados tomen decisiones como aprobar, derogar o modificar leyes, sin saber cuál es el estado real del país en materia de economía, salud, seguridad ciudadana, alimentación, educación, etc.
En la página Unidad Venezuela, la MUD publicó su “Oferta legislativa para el cambio”, documento en el cual se confirma la voluntad de iniciar la “actividad investigativa”, la cual: “Consistiría en ejercer las iniciativas de investigación y control parlamentario previstas en la Constitución, para abrir al debate público casos y situaciones que la Asamblea Nacional se ha negado a discutir e investigar”. Acto seguido, enumeran las interpelaciones más importantes: al ministro de Alimentación y Seguridad Agroalimentaria; al presidente de Pedeval y Mercal; al presidente del Cencoex y Cadivi; al ministro de Salud y al presidente del IVSS; al ministro de Interior, Justicia y Paz; a los jefes de los cuerpos de seguridad ciudadana; al presidente del BCV y Pdvsa; y por supuesto, a las cabezas de los poderes públicos: Fiscalía; Contraloría General; Procuraduría General; y Defensoría del Pueblo.
En aras de contribuir con ese proceso de fiscalización, Newsweek en español Venezuela reunió un panel de expertos en las áreas de economía, salud pública, seguridad ciudadana y alimentación, con el fin de precisar cuáles son los temas y preguntas clave que las comisiones correspondientes deberán incluir en las interpelaciones respectivas.
Economía: 1 años y 6 meses sin cifras
Es clara la violación al artículo 319 de la CRBV, que estipula que: “El Banco Central de Venezuela se regirá por el principio de responsabilidad pública, a cuyo efecto rendirá cuenta de las actuaciones, metas y resultados de sus políticas ante la Asamblea Nacional, de acuerdo con la ley”; en ese sentido, la primera interpelación está cantada: el presidente del BCV, apunta Alicia Sepúlveda, coordinadora del Observatorio Económico Legislativo de Cedice.
“El hecho de que llevemos 1 años y 6 meses sin conocer los principales indicadores macroeconómicos del país, es un elemento más que suficiente para llamar al presidente del BCV para que explique por qué no hay transparencia en la presentación de los indicadores monetarios. Los diputados tendrán que prepararse para verificar la consistencia de esos números; por ejemplo, solicitando la data abierta, que es la que muestra cómo se llegó a esos datos; cómo se levantó esa información; no deben conformarse con el dato final”, explica Sepúlveda.
A los responsables del Cencoex y Cadivi: “Hay que solicitarles los datos de constitución de cada una de las empresas adjudicadas; saber quiénes son los socios de cada una de ellas. El Seniat investiga hasta los tuétanos a las empresas… ¿habrá hecho lo mismo con las empresas que recibieron los 20 mil millones de dólares? Según la ley deberían tener todos los detalles de sus movimientos, pagos de dividendos, etc.; tienen que colocarles nombre y apellido a esos socios. Esos registros son públicos”, afirma Sepúlveda.
“En cuanto al tema petrolero, al ministro de Energía y Petróleo y al presidente de Pdvsa, una de las preguntas que yo le haría es dónde están todas las facturas de colocación de barriles hechas en mar abierto, en los grandes tanques; es un secreto a voces que existen entregas petroleras en el mar que no están reflejadas dentro del balance financiero por ningún lado. Mi primera solicitud sería esa: desagregue con detalle toda la facturación de venta mensual de Pdvsa con su estructura de costo; lo cual, por supuesto, debería estar reflejado como ingreso de la petrolera. La inconsistencia en esa información podría probar que se generó un ingreso por colocación de producción petrolera que nunca llegó a las arcas de la Nación”, argumenta la experta de Cedice.
El director académico de Cedice, Trino Márquez, agrega que “si en el resto de la economía hay cierta opacidad, en Pdvsa hay total oscuridad.Hay que preguntar cuál es la producción de crudo, cuáles son los pormenores del convenio con China, cuánto se le envía a Cuba y a Petrocaribe. Coincido con Alicia en que los diputados deberán estar muy bien documentados, porque los responsables van a intentar, por un lado, seguir ocultando las cifras, y por el otro, maquillarlas. Tienen que ir con datos de distintas fuentes para poder contrastar cada cifra oficial”.
Alimentación: las cifras del hambre
La interpelación al ministro de Alimentación y Seguridad Agroalimentaria aparece enprimer lugar dentro de la Oferta Legislativa de la MUD; la urgencia no es gratuita: se sabe que los venezolanos están comiendo menos, y se estima que muchos, especialmente niños y adultos mayores, están pasando hambre. La base para la interpelación yace en el Art. 305 de la CRBV: “El Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral, a fin de garantizar la seguridad alimentaria de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a éstos por parte del público consumidor”.
Una fuente del sector de alimentos, quien por su cargo solicitó el resguardo de su nombre, explica que las interpelaciones deberán cubrir tres grandes áreas: producción nacional de alimentos; importaciones y distribución.Confirma que la producción nacional de alimentos ha mermado 50%. “Lo primero que hay que preguntar es cuál es el estado de la producción nacional, sobre todo la proveniente del conglomerado de empresas expropiadas; hay que contrastar el dinero que han recibido del Estado con sus niveles de producción; también hay que conocer el perfil de los gerentes a quienes se puso al mando de estas empresas,en su mayoría militares, porque si se comprueba que no estaban calificados para el cargo, se hablaría de una falla de origen en la intención de promover la eficiencia de estas empresas”.
Señala que en relación a las importaciones, “hay que preguntar si eran realmente necesarias o si se pudo haber invertido en producción nacional; en casos como la carne, será muy difícil justificar que la importación era la única vía para abastecer el mercado, en lugar de promover la producción local; ahí demostrarían que el interés no era beneficiar a la Nación, sino sus propios negocios. También hay que contrastar el precio de las materias primas en los mercados internacionales versus el precio del producto terminado; esto para determinar si no hubiera sido más eficiente y beneficioso para el país, traer la materia prima y producir aquí, que traer el producto terminado. Los diputados tendrán un trabajo muy laborioso porque deberán revisar los costos de las materias primas y compararlos contra el precio al cual se importó; y luego contra el precio de venta final”.
Con respecto a la distribución, “deberán indagar quiénes recibieron esos productos, porque se sabe que en algunos casos se los entregaron a intermediarios que a su vez los revendían a empresas privadas”. Agrega que los diputados no pueden dejar de preguntar sobre los casos de contenedores hallados repletos de comida descompuesta: “Ahí hay que hacer responsable al que importó, los presidentes de esas empresas deben ser llamados a explicar qué pasó. Todos esos datos existen y deben ser investigados”.
La estrecha relación que existe entre la alimentación y la salud, llevó a entrevistar a la Dra. Maritza de Jiménez, especializada en planificación alimentaria y nutricional, y miembro de la Fundación Bengoa. Jiménez explica que un proceso de interpelación serio en el área de alimentación, tendrá que incluir una visión más amplia para dar cuenta de la verdadera dimensión de la crisis.
“No solamente los estudios de la Fundación Bengoa, sino los propios datos oficiales del primer semestre del año pasado, tomados de la Encuesta de Seguimiento al Consumo, revelan una caída del consumo de alimentos entre 2012-2014: la carne de pollo bajó de 84 gr a 74 gr; la carne de res de 50 gr a 44 gr; esas son las dos únicas fuentes de proteína animal que aparecen en la lista; pero la crisis es tan grave que cayó el consumo de todos los rubros alimentarios, incluyendo el de bebidas gaseosas. Esto qué refleja: que el venezolano compra menos alimentos porque no tiene la capacidad adquisitiva para cubrir la dieta básica”, describe Jiménez.
Apunta que los diputados tendrían que interpelar a los responsables del Instituto Nacional de Estadística; del Instituto Nacional de Nutrición; del Ministerio de Alimentación y Seguridad Agroalimentaria, del Ministerio de Salud; y del Banco Central de Venezuela… y luego cruzar los datos para validar la consistencia. “Todo estáinterconectado. Ya el INE tiene las cifras de 2015, yo me pregunto por qué no las ha hecho públicas. Deben solicitar además los datos básicos del Sistema de Vigilancia Nutricional: indicadores antropométricos (talla y peso al nacer, mortalidad materna, mortalidad por desnutrición en menores de 5 años, consumo promedio de calorías, el balance de alimentos). La última vez que conocimos esos datos fue en 2007, y ya en ese entonces se evidenció que 12% de niños sufría desnutrición”.
La situación de los adultos no es mejor. “Han incrementado los casos de anemia porque las principales fuentes de hierro no se consumen; también los de diabetes por el alto consumo de calorías vacías, que solo aportan energía para moverse. Hay una carencia de micronutrientes que ha deteriorado la salud de las personas. Tampoco hay datos sobre la lactancia materna, aunque se sabe que ha disminuido porque las madres deben salir a hacer colas; también se sabe que ha aumentado la mortalidad materna debido a la frágil salud de las madres, aunado a la juventud de estas y al mal estado de las maternidades”.
Salud: en terapia intensiva
El Dr. Rafael Orihuela, quien se desempeñó como ministro de Sanidad y Asistencia Social, arroja luces acerca de los puntos clave que debe incluir una investigación en el área de la salud. Señala que la CRBV establece en su Art. 28 que: “Toda persona tiene el derecho de acceder a la información y a los datos que sobre sí misma o sobre sus bienes consten en registros oficiales o privados, con las excepciones que establezca la ley (…); Igualmente, podrá acceder a documentos de cualquier naturaleza que contengan información cuyo conocimiento sea de interés para comunidades o grupos de personas”. Con esa base, “le preguntaría al ministro de Salud: ¿Está Ud. en conocimiento del contenido y alcance del artículo 28 de la CRBV; sabe que viola la Constitución cuando decide no informar a la comunidad científica y al resto del país,la información relacionada con enfermedades transmisibles de notificación obligatoria que contiene el Boletín Epidemiológico Semanal, y que esa violación flagrante acarrea sanciones?;¿Está Ud. consciente de que está violando simultáneamente el Reglamento Sanitario Internacional?
Con respecto al uso de los recursos, Orihuela explica que: “El manejo presupuestario en Venezuela en materia de Salud Pública tiene varias fuentes, de las cuales las principales son: el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), adscrito al Ministerio del Trabajo y al Programa Barrio Adentro, dirigido por la Misión Médica Cubana, adscrita a la Presidencia de la República. Cada uno de estos tres entes tiene presupuesto propio y recursos humanos propios. El Presupuesto real del Programa Barrio Adentro se desconoce…”.
“En el caso del IVSS, se debe investigar toda la gestión de Carlos Rotondaro, con especial énfasis en las compras de insumos para los procesos de diálisis en los pacientes renales. También el Programa de Enfermedades Catastróficas y el registro de empresas fantasmas de carácter familiar, proveedoras del IVSS, que alcanzan negociaciones por un monto multimillonario. En el caso del MPPS, se debe investigar la gestión del ministro Jesús Mantilla por el destino de 714 millones de dólares destinados al Programa de Remodelación de Hospitales del MPPS del año 2007-2008. También se debe investigar la gestión de la ministra Eugenia Sader, en todo lo que tiene que ver con infraestructura hospitalaria; el programa de construcción de nuevos hospitales, incluido el Cardiológico de Adultos y el Hospital Oncológico. Tienen que revisar todas las compras realizadas dentro del convenio China-Venezuela de materias primas para medicamentos, medicamentos elaborados, insumos médico-quirúrgicos y dotación de equipos e instrumental médico de tipo hospitalario”, describe el Dr. Orihuela.
No deja pasar un aspecto crucial que ha sido duramente cuestionado por su gremio durante los últimos años: la capacitación de los nuevos galenos. “La formación académica de los nuevos médicos y los estudios médicos de postgrado en Venezuela, debe ser motivo de una interpelación conjunta del MPPS y del ministro de Educación Superior. Los diputados deben partir de un cuestionario redactado por los decanos de las facultades de Medicina de las universidades nacionales autónomas y de una comisión Ad-hoc conformada por especialistas en currículo, para revisar los planes de estudio vigentes y presentar propuestas a las autoridades rectorales y de las facultades de Medicina del país”.
Seguridad ciudadana: 10 años sin cifras de criminalidad
El profesor Roberto Briceño León, sociólogo y director del Laboratorio de Ciencias Sociales, comienza su intervención apuntando que “desde el año 2004,no se ofrecen cifras de la criminalidad en el país; solo nos hemos enterado de los grandes incrementos por declaraciones aisladas de ministros o funcionarios. La gran pregunta es: ¿por qué se han ocultado las cifras que la ley obliga a que sean públicas? De manera específica, el ministro de Interior, Justicia y Paz debe responder cuántos homicidios, secuestros y robos hubo en el año 2015 y cómo esos datos se comparan con los que hubo en el año 2014”.
Esboza otro tema ineludible: “El MPPRIJP realizó dos Encuestas Nacionales de Victimización, una en 2009 y otra en 2012; para eso se gastaron fondos públicos: ¿es cierto que se realizaron esas encuestas?, ¿dónde están los resultados de esos estudios?”.
Acerca de la evidente ineficiencia de los múltiples planes de seguridad implementados, Briceño León apunta que: “Una política pública se mide por los resultados, no por lo que se hace, sino por los efectos de lo que se hace. Las preguntas de la comisión respectiva deben ser específicas sobre esos resultados: ¿En cuánto disminuyeron los homicidio, secuestros y robos, después de la aplicación de la Gran Misión a Toda Vida Venezuela?; ¿Cuántos disminuyeron después del Plan Patria Segura y del DIBISE?”.
Expertos en seguridad ciudadana, incluido Briceño León, han explicado que la prevención es la estrategia más eficaz para combatir la delincuencia. La Memoria y Cuenta del MPPRIJP enumera algunas acciones en ese sentido, pero no identifica qué resultados obtuvieron. “Las preguntas sobre la prevención implican saber qué se hizo y qué se pretendía lograr con la actividad que se realizó. Los logros de una política de prevención pueden ser generales para el bienestar de la población, o específicos, por ejemplo, reflejado en un menor número de individuos incorporados a la actividad criminal, o a la reducción del número de delitos cometidos. Si se reparten 45 mil instrumentos musicales como una actividad de prevención, debieron estimar cuántos jóvenes no ingresaron al crimen o no cometieron delitos por estar practicando música… el reparto de guitarras o violines puede ser algo muy bueno en sí mismo, pero ¿cuál fue el impacto de eso en los jóvenes en riesgo de caer en la criminalidad?”.
La formación de nuevos efectivos policiales, así como sus condiciones laborales, debe ser un tema capital en el proceso de interpelación en el área de seguridad ciudadana, afirma Briceño León. “El ministro debe responder cuántos policías hay en el país y a qué funciones están dedicados; cuántos están asignados a labores administrativas; cuántos a protección de los ciudadanos y cuántos al cuido de instalaciones y de altos funcionarios del gobierno; cuántos policías nacionales han estado involucrados en delitos y han sido detenidos en el último año; cuántos policías han sido asesinados en el año 2015;qué ha hecho el Ministerio para responder a los asesinatos de los policías. Otro tema a abordar es la duración de los cursos de formación de policías, la cual ha disminuido desde que comenzó la UNES… ¿qué materias o tópicos se han eliminado para poder realizar esa reducción?”.
Colofón: más cifras… y más respeto
Los expertos coincidieron en que a la exigencia de la sociedad a poner fin a la opacidad sobre la información de interés nacional, se suma la demanda para que los funcionarios públicos retomen su rol como servidores de todos los venezolanos, no del partido de turno. Aún resuenan, plagadas de arrogancia y desconexión social, las palabras de Aurora Morales, presidenta del Consejo Legislativo de Miranda, quien en una entrevista en el canal Globovisión, desestimó el “extravío” de 20 mil millones de dólares de Cadivi denunciado por Jorge Giordani, y agregó que el pueblo no está interesado en saber esa información. No hay duda de que a los venezolanos, sus funcionarios públicos les deben muchas cifras, pero sobre todo, les deben respeto.
Gitanjali Wolfermann