El economista Ronald Balza advierte que el Ejecutivo pretende manejar presupuesto de 2017 sin control del Parlamento. “Generará mayor desconfianza en el ámbito internacional”, afirmó
La promesa del presidente Nicolás Maduro de mantener vigente durante todo el año el Decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica se está cumpliendo. En la Gaceta Oficial extraordinaria No. 6256, del 13 de septiembre, se prorroga el instrumento jurídico identificado como el No. 2452, que tendrá una duración de 60 días. La normativa ordena y autoriza una serie de acciones económicas que podrán llevarse a cabo sin la visión ni autorización de la Asamblea Nacional ni de otro Poder Público.
José Guerra, economista y miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, afirmó que el decreto viola flagrantemente la Constitución. “La normativa acentúa el carácter estatista de la economía y la intervención del gobierno en este ámbito. El decreto se salta la disposición 314 de la carta magna cuando establece que se pueden autorizar créditos adicionales sin autorización de la Asamblea. También permite al Ejecutivo endeudarse en moneda extranjera sin pasar por el Poder Legislativo, lo que viola el artículo 150 de la Constitución”.
El texto consta de 11 artículos y 12 considerandos. El último de estos señala: “Que el Tribunal Supremo de Justicia declaró la Invalidez, Inexistencia e Ineficacia Jurídica de todos los actos y actuaciones dictados por la Asamblea Nacional, por encontrarse este Órgano Legislativo en desacato y en flagrante violación del orden público constitucional”.
El decreto determina que el Ejecutivo podrá establecer normativas excepcionales para autorizar erogaciones con cargo al Tesoro Nacional y otras fuentes de financiamiento que no estén indicados en la Ley de Presupuesto; autorizar y suscribir contratos de interés público “sin el sometimiento o autorizaciones de otros Poderes Públicos”; así como levantar sanciones de carácter político contra las autoridades de los poderes públicos que puedan obstaculizar la continuidad de la aplicación de las medidas que busquen la reactivación de la economía, entre otras acciones.
A través del instrumento se ordena “decretar normativa excepcional para la asignación de recursos presupuestarios, los límites máximos de autorizaciones para gastar, la distribución de los egresos y las operaciones de financiamiento, sin compensaciones entre sí, que regirán para el ejercicio económico financiero 2017, si por situaciones de hecho o impedimentos jurídicos resultare imposible tramitar el presupuesto 2017 oportunamente, con el objetivo de evitar daños irreparables al patrimonio público, a los venezolanos y las venezolanas, así como garantizar el adecuado funcionamiento de los órganos y entes públicos”.
De acuerdo con el economista Ronald Balza, era de esperarse que el gobierno se otorgase capacidades plenas para la asignación de recursos presupuestarios. “El Ejecutivo dice que no presentará el presupuesto a la Asamblea y se reservará esa atribución, pero presentar el presupuesto a la AN es también presentarlo a todos los ciudadanos”, dijo. “El no mostrar el presupuesto generará mayor desconfianza en el ámbito internacional, pues los acreedores no podrán constatar que se estén tomando medidas para disminuir la inflación”.
Más medidas. La normativa también indica que se asignarán divisas de manera directa para adquirir productos que hayan sido establecidos como prioritarios por el Estado. “Establecer rubros prioritarios para las compras del Estado, o categorías de estos, y la asignación directa de divisas para su adquisición, en aras de satisfacer las necesidades más urgentes de la población y la reactivación del aparato productivo nacional”.
Como una de las medidas para apoyar la producción agrícola, el decreto ordena dictar “normas regulatorias que permitan la implementación inmediata de medidas productivas de agricultura urbana en los espacios públicos o privados ubicados en los centros urbanos, que se encuentren libres, ociosos, subutilizados o abandonados, para que sean aprovechados para el cultivo y producción de alimentos”.
María Yolanda García/Amanda Gómez/El Nacional