La reciente designación del “Cartel de los Soles” como Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés) por parte de Estados Unidos genera expectativas sobre cómo reaccionarán las compañías petroleras estadounidenses y occidentales presentes en Venezuela.
Geoff Ramsey, analista senior en Threat Intelligence y observador de América Latina, señaló a en su cuenta en X que una “métrica clave” a observar en las próximas horas será si estas empresas cierran operaciones para evitar brindar “apoyo material al terrorismo” bajo la legislación estadounidense. De no hacerlo, Ramsey afirmó que esto podría reflejar las «preferencias» de Estados Unidos frente a la situación.
Detalles de la designación
El anuncio de EE. UU. se produjo este lunes y fue explicado por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien aseguró que la organización «cumple con los criterios establecidos» en la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). La clasificación implica sanciones más estrictas, prohibición de apoyo material y la posibilidad de procesar penalmente a quienes colaboren con la organización, además de congelar sus activos bajo jurisdicción estadounidense.
La administración estadounidense acusa al Cartel de los Soles, supuestamente «dirigido por Nicolás Maduro y miembros de su círculo cercano», de «corromper las fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y otros poderes del Estado venezolano, además de participar en narcotráfico hacia EE. UU. y Europa».
El presidente Donald Trump señaló que la designación permite a su gobierno actuar con mayor contundencia contra bienes o infraestructura vinculados al cartel. Sin embargo, el mandatario también reiteró que mantiene la posibilidad de dialogar directamente con Nicolás Maduro, pese a la escalada de tensiones. “Sí, estoy abierto a hablar. Yo hablo con todos”, afirmó, indicando que la medida no cierra la puerta a conversaciones diplomáticas, aunque refuerza las herramientas legales y coercitivas de Washington.
Reacción del gobierno venezolano y contexto interno
Por su parte, el gobierno venezolano calificó la medida como una “ridícula patraña” y una “infame y vil mentira que busca justificar una intervención ilegítima e ilegal contra el país bajo el clásico formato estadounidense de cambio de régimen”. Maduro ha reiterado en diversas oportunidades que Estados Unidos “busca atacar a Venezuela para obtener petróleo, gas y recursos naturales gratis”, en medio de un contexto de tensiones militares y diplomáticas en el Caribe, bajo el argumento de frenar el narcotráfico.
En este marco, la cooperación energética entre Venezuela y otros países también se ha visto afectada. El 13 de noviembre, el petrolero ruso sancionado Seahorse, parte de la denominada “flota en la sombra” rusa, se dirigía a Venezuela cuando fue interceptado por el destructor estadounidense USS Stockdale frente a aguas venezolanas. Según seguimiento marítimo, el buque cambió rumbo hacia Cuba y ha permanecido prácticamente inmóvil en el Caribe desde entonces.
Otros mandatarios como el presidente colombiano Gustavo Petro vincularon la posible intervención militar con intereses económicos sobre el petróleo. Según Petro, una eventual acción armada “podría desplomar los precios internacionales, concentrar el petróleo en manos árabes, limitar a Estados Unidos al petróleo pesado y afectar gravemente a Ecopetrol, generando pérdidas económicas importantes”.