El Gobierno de El Salvador rechazó este lunes la recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI) de eliminar el bitcóin como moneda de curso legal en el país por su volatilidad y falta de regulación.
«Ningún organismo multilateral te va a obligar a hacer nada, absolutamente nada. Los Estados son Estados soberanos y toman decisiones soberanas sobre sus políticas públicas», aseguró el ministro de Hacienda salvadoreño, Alejandro Zelaya, durante una entrevista en la televisión local.
Zelaya indicó que El Salvador cumple con todos los filtros para evitar los riesgos que indica el FMI, añadiendo que el Gobierno utiliza cuentas basadas en bancos en EE.UU. y está verificando tanto los flujos financieros como el cumplimiento de todos «los requisitos de filtros para que no existan financiamientos de actividades ilícitas u otros tipos de ilícitos en los flujos de efectivos».
Además, señaló que «es falso» que el informe del FMI pida «eliminar» el bitcóin como moneda de curso legal, sino que plantea «limitar» su alcance, afirmando que se han sostenido conversaciones con ese ente y otros organismos multilaterales para mostrarles la «metodología bajo la cual funciona el sistema cripto».
Asimismo, explicó que el país tiene programado emitir en marzo los bonos bitcóin que fueron anunciados en noviembre pasado por el presidente Nayib Bukele. «Hay regulación para esto. Se han medido todos los riesgos y se ha trabajado en cada uno de ellos para minimizarlos», manifestó.
En un informe el martes pasado, el FMI instó a las autoridades del país centroamericano a eliminar el bitcóin como moneda de curso legal debido a los «grandes riesgos» que implica para la «estabilidad financiera, la integridad financiera y la protección del consumidor, así como las posibles contingencias fiscales».
Pese a las diferencias, según Zelaya, El Salvador «continúa negociando» con el FMI un acuerdo por 1.300 millones de dólares para sanear sus arcas y apuntó que el bitcóin «es un factor de análisis y de mitigación de riesgo, como cualquier cosa».
El Salvador busca ese acuerdo a cambio de un ajuste fiscal equivalente al 4 % del PIB para los próximos tres años. El trato debía estar cerrado en septiembre de 2021. RT