El economista Luis Oliveros criticó recientemente las declaraciones oficiales de Estados Unidos que aseguran que el Estado venezolano «no se beneficiará de la nueva licencia petrolera otorgada a la empresa estadounidense Chevron para operar en Venezuela.
En su cuenta en Twitter, Oliveros afirmó que insistir en que el Estado no se beneficiará de esta licencia “es mentir”, y añadió que negar ese beneficio equivale a “seguir vendiendo humo y fracasos”. “Si el Estado no se beneficiaría de la licencia, ¿para qué la negoció y la aprobó?”, cuestionó.
Estas declaraciones se dan en un contexto en el que Nicolás Maduro confirmó la concesión de dicha licencia a Chevron, empresa que había tenido sus operaciones suspendidas desde el pasado 27 de mayo por la administración estadounidense.
El presidente venezolano aseguró recientemente que Chevron fue informada sobre la concesión y que hay mesas de trabajo para que la petrolera estadounidense se reincorpore a sus funciones, recordando que la compañía tiene más de 100 años en Venezuela y expresó su deseo de que continúe operando «sin problemas».
Maduro destacó que, durante el tiempo en que Chevron estuvo “en ese limbo” en Estados Unidos, la producción petrolera venezolana creció un 12 % con esfuerzo propio, subrayando que el país ha aprendido a seguir su propio camino en la industria hidrocarburífera.
Por su parte, Tammy Bruce, representante del Departamento de Estado de EE. UU., reiteró que Washington no permitirá que los ingresos del petróleo «financien o beneficien» al Ejecutivo venezolano, aunque admitió que hay detalles aún desconocidos que serán aclarados oportunamente.
De igual modo, Natalia Molano, encargada de comunicación en español del mismo departamento, afirmó que ninguna autorización será utilizada para lucrar al Ejecutivo venezolano. “Esa es la política. Ninguna licencia debe traducirse en ingresos para Maduro”, señaló en entrevista con la emisora colombiana W Radio.
La licencia fue suspendida en mayo pasado por orden del presidente Donald Trump, como parte de una estrategia de presión impulsada por legisladores cubanoestadounidenses como Marco Rubio.
Sin embargo, la medida fue revertida tras negociaciones recientes que incluyeron, entre otros acuerdos, la liberación de diez ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes a cambio de que Venezuela aceptara la deportación de más de 250 migrantes procedentes de El Salvador.