Expertos y analistas coincidieron hoy en que la derogación de la ley de ilícitos cambiarios, que penaba hasta con 15 años de cárcel las transacciones en moneda extranjera en Venezuela, es una medida positiva para «aliviar» a los actores privados, pero «insuficiente» para reflotar la economía del país.
«La medida es insuficiente, tiene una especie de alivio para el funcionamiento del sector privado, pero seguimos en control de cambio», dijo a Efe el director de la firma Econométrica, Henkel García.
Este jueves, la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un foro que no reconocen varios Gobiernos del mundo, derogó la ley de ilícitos cambiarios con el voto unánime de sus más de 500 miembros, lo que en la práctica «despenaliza» las operaciones del sector privado de la economía, señaló García.
«Pareciera que vamos hacia un sistema dual donde hay un mecanismo oficial y uno paralelo legal, como era en los otros controles de cambio» que han regido en la nación caribeña, añadió.
La tasa de cambio oficial en Venezuela establece que un dólar se cambia por 172.800 bolívares, mientras que algunas casas de cambio operan con una relación de 2,9 millones por moneda estadounidense, aunque solo están autorizadas para recibir remesas y no para venderlas.
La términos de la derogación de la ley no especifican si esta tasa oficial que adjudica pequeños montos a empresarios y particulares a través de subastas se mantendrá, aunque García estima que el sistema, conocido como Dicom, ya no tendrá «sentido».
«Si ya los privados pueden intercambiar entre ellos quizá no haga ni siquiera falta (el Dicom), habría que ver como se organiza un mercado de este tipo», dijo.
El presidente de la firma Datanálisis, el economista Luis Vicente León señaló hoy a periodistas que la derogación implica «una mejora», aunque alertó que si el Gobierno venezolano intenta controlar el precio de la divisa podría crearse «un tercer mercado».
«Porque nadie va a salir a vender sus dólares a un precio menor que el del mercado básicamente para pasar por la operación oficial del Estado», señaló.
La derogación de la ley ilícitos cambiarios forma parte de un paquete de medidas que adelanta el Gobierno de Maduro para intentar recuperar la economía venezolana, la de peor desempeño en la región pese a la enorme riqueza en recursos del país.
El paquete incluye además un censo de vehículos para, aseguró el gobierno, frenar el «derroche» y controlar el contrabando de gasolina, que cuesta al país varios millones de dólares cada año, y una reconversión monetaria que restará 5 ceros al bolívar a partir del 20 de agosto.
Venezuela es dueña de las mayores reservas probadas de petróleo en el planeta, pero padece una severa crisis económica que se traduce en escasez de productos, una inflación que cerrará en 1.000.000 % este 2018, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), y una pésima prestación de los servicios públicos.
Por estas razones, en el país se registran a diario manifestaciones de ciudadanos que reclaman agua, luz, transporte, medicinas, alimentos y mejores salarios, entre otras exigencias.