“El gobierno puede tratar de suspender o remover diputados para minar mayoría de la oposición”, señala sobre los resultados del 6-D
Blanca Vera Azaf/El Nacional
El más reciente informe de Credit Suisse destaca que el servicio de la deuda de la República y de Petróleos de Venezuela sumará 10,1 millardos de dólares en 2016. Añade que de esos compromisos casi la mitad debe cancelarse en los últimos 3 meses del próximo año. Por ello, advierten que “lo más pronto que Venezuela podría hacer default sería durante el cuarto trimestre de 2016”.
La firma indica que el único pago fuerte por amortización es el del título de la República 2016 en febrero por 1,5 millardos de dólares. Considera que ese bono se pagará sin problema alguno y que en el caso de la República no existe ningún otro vencimiento hasta 2018.
La presión de pago más significativa para el país puede ser el vencimiento del Pdvsa 2016 por un millardo de dólares en octubre. Luego le sigue la amortización del Pdvsa 2017, que implica un pago de 2,1 millardos de dólares en noviembre. Apunta que la deuda total del servicio de la deuda pública es similar en 2017 con 10,2 millardos de dólares.
Credit Suisse también se refiere a las elecciones de la Asamblea Nacional e indica que la supermayoría de la bancada opositora tiene una fragilidad: “El gobierno puede tratar de suspender o remover los diputados para minar la mayoría de los dos tercios y reducir ese bloque de poder. Dado el fuerte apoyo para la oposición en esta elección, no descartamos la posibilidad de que este grupo de líderes pueda hacer un llamado a protestas de gran escala si esto ocurriera o si el gobierno repetidamente frustra sus esfuerzos legislativos”.
Opina que el comportamiento de otras instituciones como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el Tribunal Supremo de Justicia sería crucial en este contexto. La firma agrega que no espera ningún cambio significativo en política económica en este nuevo escenario político y que el Ejecutivo tendrá muy poca disposición para llevar a cabo muchas más decisiones económicas, particularmente en materia cambiaria.
Señala que una oposición más fuerte y el potencial escenario de un llamado a un referéndum revocatorio en 2016 reducen aún más la disposición del gobierno para hacer ajustes económicos.
La firma no se muestra optimista con respecto a los indicadores de la economía venezolana para el próximo año y lo que se podría desencadenar a partir de la crisis. Explica que ante la ausencia de un ajuste del gobierno “la recesión económica, la alta inflación, las distorsiones del tipo de cambio y los desbalances fiscales y externos probablemente persistirán y empeorarán, aumentando el riesgo de protestas sociales”.
Una cesación de pago no contribuiría a mejorar la situación, sino más bien empeorarían las condiciones políticas y económicas de Venezuela, advierte.