Mediante resolución conjunta, el Banco Central de Venezuela y la Superintendencia de Bancos obligan al sistema financiero a desarrollar una red doméstica de procesamiento de transacciones que prescinda de los convenios con las franquicias Visa y Mastercard y el sistema Maestro, a partir del próximo 30 de noviembre, para las operaciones de débito, y del 30 de enero de 2020 para los pagos con tarjeta de crédito.
Además, la resolución SIB-DSB-04714, fechada el pasado 16 de mayo, instruye a los bancos generar un sistema «soberano» de pagos, a través de la masificación del uso de la identificación biométrica; de hecho, la normativa da un plazo de 60 días, contados a partir de la «fecha de recepción» de la resolución para que las entidades adopten un sistema de biopago que esté plenamente activo.
Asimismo, los bancos deberán «permitir la autorización de transacciones electrónicas de pagos validadas bajo el factor de autenticación de biometría, dado que las mismas estarán identificadas con un elemento de seguridad superior (Categoría 5) al uso de la clave o PIN asociada a la tarjeta de débito tradicional».
Por otra parte, la resolución en cuestión ordena a la banca impulsar y promover el uso masivo de Servicios de Pago Móvil Interbancario Persona a Persona (P2P) y Persona a Comercio (P2C).
Además, a partir del próximo 30 de julio, las entidades bancarias deberán ofrecer sistemas de Pago Móvil Interbancario Comercio a Personas (C2P), «para permitir a los clientes ordenar pagos en tiempo real a personas jurídicas, destacando que es obligatorio su uso, a través de la mensajería SMS».
La resolución ordena a cada banco entregar en un lapso de 10 días hábiles, a partir del 16 de mayo, cronogramas específicos para el cumplimiento de estas disposiciones a la Gerencia de Riesgos Tecnológicos de la Sudeban y a la Vicepresidencia de Operaciones Nacionales del BCV.
Claramente, la parte justificatoria de la resolución señala que estas medidas se toman como respuesta a las sanciones de Estados Unidos y específicamente en previsión de que las franquicias Visa y Mastercard -curiosamente, la resolución excluye a American Express y Diners- sean forzadas por la administración de Donald Trump a dejar de operar con bancos venezolanos.
– No es tan fácil –
Fuentes del área tecnológica del sistema financiero explicaron a Banca y Negocios que implantar este sistema de pagos íntegramente autóctono no es tan fácil, aunque es un tema que se viene manejando desde 2011, porque los entes reguladores no quieren que datos de transacciones originadas en Venezuela circulen en el exterior.
Trascendió que la banca pública gestionará su sistema de identificación biométrica con la empresa argentina Ex-Clé, la misma que gestiona el software y da soporte técnico a las máquinas del Consejo Nacional Electoral, desde el abandono de esta tarea por parte de Smartmatic en 2017, tras las controvertidas elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente.
Ex-Clé también es la compañía que debía llevar la aplicación del modelo de biopago a las estaciones de servicio cuando, supuestamente, se iban a incrementar los precios de la gasolina, cosa que no ocurrió y, además, el sistema tampoco funcionó.
También se conoció que la empresa que podría actuar como proveedor del sector privado es Consorcio Credicard. La base de datos que se tendría que utilizar en primera instancia es la del CNE, lo que plantearía el primer problema de que hay más de 2.000.000 de cuentahabientes que no están inscritos en el Registro Electoral.
Las fuentes indican que los plazos son muy cortos para la implantación de estos cambios, para empezar por los problemas de conectividad que existen en Venezuela, aparte de que representan costos elevados en un momento cuando las instituciones financieras están sometidas a grandes presiones de caja.
Se espera que se produzca un proceso de negociación con los entes reguladores para viabilizar estos cambios en un plazo razonable.