La Asociación Nacional de Ciencias Económicas (ANCE) aseguró en su informe anual sobre el desempeño económico de Venezuela que el 2018 fue el sexto año consecutivo de contracción económica y representó una caída de al menos el 15 % del Producto Interno Bruto (PIB), según los datos recogidos por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
«Ha sido el sexto año consecutivo de contracción, arrojando una caída del ingreso por habitante en torno al 50%, el peor desempeño conocido para un país no incurso en una guerra», dice parte del escrito realizado por ANCE.
Asimismo, afirmaron que no es casualidad que este período de contracción económica coincida con los años de gobierno de Nicolás Maduro «sino resultado de perpetuar un conjunto de políticas adversas al bienestar de la población»; sin embargo, también admiten que estos «efectos negativos se hicieron aún más visibles» cuando comenzaron a caer los precios del petróleo en 2014.
«Estas políticas han desatado una pavorosa hiperinflación que ha devastado el tejido económico, arruinando a la inmensa mayoría de los perceptores de ingreso. En consecuencia, han producido un empobrecimiento acelerado de los venezolanos, con sus trágicas secuelas de hambre, enfermedades y muertes», precisa el informe.
Por otra parte, la asociación recordó que «ha hecho numerosas recomendaciones al Gobierno, instándolo a rectificar y a instrumentar un conjunto de acciones y medidas para superar el grave deterioro en las condiciones de vida de la población»; no obstante señalaron que no han existido indicios que demuestren la intención del Ejecutivo de tomar en cuenta estos consejos a pesar del fracaso de sus políticas.
En este sentido, aseguran que el Gobierno parece perseguir «deliberadamente objetivos contrarios al bienestar de los sectores mayoritarios de la población».
La hiperinflación
Para la ANCE el principal problema que enfrentan los venezolanos en la actualidad es la hiperinflación tasada en 1.700.000 % por la Asamblea Nacional, «único órgano oficial que publica cifras al respecto».
Culparon por esta escalada hiperinflacionaria a las malas políticas fiscales que implementó el Gobierno durante el último año que hicieron perder la poca confianza que aún algunas personas mantenían en el bolívar aumentando «la urgencia por gastarlo cuanto antes» y multiplicando «su velocidad de circulación», lo que llevó a incrementar la liquidez monetaria 650 veces.
A su vez, criticaron que la solución del Ejecutivo haya sido «quitarle cinco ceros a la moneda para conformar, a comienzos de septiembre, una nueva unidad monetaria», y responsabilizaron a la falta de rectificación que la hiperinflación venezolana se haya convertido en una de las más prolongadas de la historia, lo que devino en una contracción del poder adquisitivo del ingreso mínimo (salario + bono de alimentación) en más de 96 % mientras se ha mantenido el proceso hiperinflacionario, que empezó en noviembre de 2017.
Aumento del gasto público y el déficit fiscal
La ANCE argumenta que otra de las razones de esta debacle económica prolongada es un gasto público «muy por encima de los ingresos» lo que trajo como consecuencia déficits superiores al 20% del PIB, alimentados por una baja recaudación tributaria marcada por la hiperinflación y la exoneración, por decreto, del ISLR a PdVSA y las demás empresas mixtas.
El Gobierno debió recurrir al financiamiento monetario del BCV quien se vio en la necesidad de aumentar el gasto público «más de 9.000 veces durante el año» para cerrar la brecha con los disminuidos ingresos, lo que produjo una impresión indiscriminada del denominado «dinero inorgánico”, lo que, a juicio de la asociación, violó el artículo 318 de la Constitución Nacional, que señala que el máximo organismo de la banca en Venezuela debe “lograr la estabilidad de precios y preservar el valor interno y externo de la unidad monetaria».
Pero esta no fue la única violación constitucional en materia económica que se ha registrado durante los últimos años pues el presupuesto nacional no ha sido aprobado por el Legislativo, como lo establece la Carta Magna, desde el correspondiente al ejercicio fiscal del 2016, además de haber sido inflado por créditos adicionales, que tampoco pasaron por el órgano legislativo, como contempla igualmente la Constitución.
El Ejecutivo mantiene un decreto de emergencia económica que nació «alegando un estado de excepción” que ha prorrogado cada 60 días «en desapego a la limitación que impone» el texto constitucional usando fondos del Estado sin «control y supervisión, sin rendir cuentas y en ausencia total de transparencia, práctica que se ha prestado a todo tipo de irregularidades en contra de los intereses de la Nación».
En este sentido la asociación asevera que este «artilugio» que ha utilizado el Ejecutivo para manipular el Gasto Público a su antojo durante los últimos años, ha traído como consecuencia una distorsión económica alimentada por la cantidad de «dádivas, bonos y transferencias en especies» a través del carnet de la patria, al cual consideran como «un sistema de control social -clientelar en extremo- que busca evitar protestas ante la disminución estrepitosa de la remuneración real de los venezolanos».
La asfixia de las fuerzas productivas
También considera clave en la estrepitosa caída económica, las políticas gubernamentales «de acoso al sector privado a través de controles de precio y con normativas que regulan y restringen la producción y comercialización de bienes y servicios».
Según el informe estas políticas de control y regulación «inhiben la inversión y la iniciativa privada, rezagando mejoras en el aparato productivo en detrimento de la calidad de vida de los venezolanos».
«Por otro lado, el dominio que ejerce la Fuerza Armada sobre sectores crecientes de la economía va acorralando a la iniciativa privada, en desmedro de la eficiencia y la reactivación económica. Que este sector monopolice la importación de alimentos, medicamentos y otros artículos, y domine de manera excluyente todo lo concerniente a la explotación de recursos minerales del subsuelo, no contribuye al bienestar de la sociedad», agrega el escrito antes de enfatizar en la necesidad de que estas responsabilidades deben ser trasladadas a «manos civiles, profesionales y competentes», que permitan reactivar el aparato productivo nacional.
Financiamiento internacional e implantación de un sistema de cambio único
El informe de la ANCE criticó a las autoridades públicas por cobijarse «en una retórica primitiva donde pretendan escabullir sus responsabilidades inventando enemigos a quienes echar la culpa en vez de tomar cuanto antes las medidas exigidas (…) fomentado el quebrantamiento del orden institucional propio de una economía mercantil sana, competida, capaz de dinamizar el desarrollo en beneficio de las grandes mayorías».
Por esta razón, reiteraron las indicaciones hechas en informes anteriores «sobre la necesidad ineludible de implantar un programa de estabilización que liquide, cuanto antes, la devastación producida por la hiperinflación».
Plantearon entre las medidas más urgentes «sustituir el financiamiento monetario por financiamiento internacional, sanear las cuentas públicas, rendir cuentas de la gestión fiscal y monetaria, y estabilizar un mercado cambiario único y funcional».
Por último, rechazaron la pretensión del actual gobierno de «perpetuarse» en el poder tildando la acción de «inadmisible, tanto por razones de orden constitucional y republicano, como humanitarias», porque, en su opinión, esto «condenará a la población a privaciones y penurias aún mayores».