El gobierno del presidente Nicolás Maduro y sus opositores políticos se preparan para reanudar las negociaciones con el fin de establecer condiciones creíbles para las elecciones estatales y locales del 21 de noviembre, la cooperación para hacer frente a la pandemia de Covid-19 y acuerdos más amplios de reparto del poder.
Si las conversaciones tienen éxito, EE.UU. levantaría gradualmente las sanciones para liberar a la industria petrolera nacional y galvanizar una nueva clase de inversión privada después de más de dos décadas de control estatal sobre la economía, se afirma en una nota de la agencia especializada Argus.
En previsión del esperado inicio de las conversaciones con mediación noruega el próximo mes, ambas partes están consultando con sus aliados internacionales.
Una delegación de la oposición encabezada por Gerardo Blyde -un veterano de un anterior diálogo fallido- se encuentra en Washington esta semana antes de dirigirse a Bruselas. El ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, se reunió con su homólogo Sergei Lavrov en Moscú.
Las negociaciones pondrán a prueba una estrategia gradual propugnada por un ala moderada de la oposición, liderada por el exgobernador del estado de Miranda y excandidato presidencial Henrique Capriles, que está eclipsando a los partidarios de la línea dura encarnados por el exiliado Leopoldo López y su protegido en Venezuela, Juan Guaido.
Los moderados abogan por participar en las elecciones, aunque no sean plenamente confiables, y por resolver los problemas del día a día sobre el terreno, incluso si eso significa trabajar con Maduro. El bando liderado por López lleva mucho tiempo con una estrategia de «todo o nada» que se manifiesta en un boicot electoral.
En enero de 2019, Guaidó, entonces jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela, fue ungido presidente de un gobierno interino apoyado activamente por la administración del expresidente estadounidense Donald Trump. El reconocimiento occidental y el apoyo popular al líder opositor se desmoronaron después de que no cumpliera su promesa de derrocar al «usurpador».
Los tecnócratas desanimados que inicialmente se unieron a él han vuelto a sus trabajos cotidianos o a su jubilación. En Washington, la administración del presidente Joe Biden espera ahora que las próximas conversaciones conduzcan a una rampa de salida para el incómodo reconocimiento de Guaido y las sanciones heredadas de Trump.
Paralelamente, algunas compañías petroleras, empresas de capital privado ávidas de rendimiento, y tenedores de bonos despechados esperan una rampa de entrada.
Aparentemente, apartándose, de facto no en el discurso, del socialismo iniciado por el difunto presidente Hugo Chávez en 1999, Maduro está promoviendo una legislación «antibloqueo» que permitiría al sector privado tener una participación mayoritaria en los contratos petroleros de exploración y producción, de los cuales ya se han firmado unas dos docenas con empresas locales y extranjeras no identificadas.
La ejecución de los contratos depende de la reforma de la Ley de Hidrocarburos para cimentar la reducción del control de la estatal venezolana Pdvsa sobre los negocios de la industrua, una propuesta rechazada por los puristas ideológicos del partido socialista de Maduro (PSUV).
Las empresas petroleras occidentales, como Chevron, que está en espera en Venezuela en virtud de una exención de sanciones de EE.UU., aguardan que las conversaciones políticas y la reforma legislativa converjan en una oportunidad para reactivar las operaciones de la Faja Petrolera del Orinoco y aprovechar las reservas de gas natural descuidadas durante mucho tiempo.
Las empresas de la Unión Europea, Repsol y Eni, están estudiando vías de exportación para el gas que ya producen en alta mar. Es poco probable que las empresas que no están presentes en Venezuela se apresuren a participar debido al riesgo político y a la intensidad de las emisiones de carbono de las operaciones en el Orinoco.
– Ganancias rápidas –
Más allá de las compañías petroleras internacionales, la posible reapertura está atrayendo a un grupo de inversores especulativos, generalmente más interesados en los beneficios a corto plazo que en las ganancias a largo plazo, entre los que se encuentran grupos de capital privado con capital venezolano y tenedores de unos 60.000 millones de dólares en bonos soberanos y de Pdvsa, por ahora en default.
Se espera que los precios actuales de los bonos, de tan sólo 0,03 dólares, suban en previsión de un acuerdo político y de la relajación de las restricciones estadounidenses a la negociación de papeles venezolanos.
Algunos tenedores de bonos quieren intercambiar su deuda por acciones en entidades estatales privatizadas o reservas de petróleo y minerales, un mecanismo discutido en privado con el principal asesor financiero de Maduro, el ex ministro de Finanzas de Ecuador Patricio Rivera.
Un grupo privilegiado son los tenedores de bonos de Pdvsa 2020 que tienen una prenda de acciones en la filial de refinación en Estados Unidos, Citgo, controlada nominalmente por Guaidó.
El mes que viene se renovará la suspensión de la licencia del gobierno estadounidense para que los tenedores de bonos puedan ejecutar su demanda. Citgo ya está sometida a un proceso de venta condicional por parte de otros acreedores, concretamente el fondo de cobertura neoyorquino Tenor Capital Management y ConocoPhillips.
Fuera de EE.UU., la cuestión de quién controla las reservas de oro venezolanas depositadas en el Banco de Inglaterra será tratada por el Tribunal Supremo del Reino Unido el próximo mes, otro caso que Guaidó podría perder dados los actuales vínculos diplomáticos de Londres con Maduro.
Una modesta victoria para Guaidó podría venir de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Tesoro de EE.UU., que está a punto de descongelar unos 27 millones de dólares en fondos del Banco Central de Venezuela, en su nombre, con el objetivo de adquirir los equipos para establecer una cadena de frío para las vacunas Covid-19 en coordinación con Unicef.
Información de Argus