En Pdvsa, “las autoridades están más pendientes de la militancia política que de la ejecución eficiente de los procesos y operaciones, dijo el sindicalista Iván Freites
Ana Díaz/El Nacional
Bajos salarios, incremento del riesgo de sufrir accidentes laborales, inseguridad personal y persecución por razones políticas son algunos de los factores que inciden en que la industria petrolera se vea afectada por un éxodo de personal calificado, denunciaron representantes sindicales. “El año pasado 6.000 trabajadores se fueron y otros 10.000 en lo que va de 2016”, aseguró el dirigente Iván Freites.
El directivo del sindicato de trabajadores petroleros del estado Falcón señaló que “las autoridades de Pdvsa están más pendientes de la militancia política que de la ejecución eficiente de los procesos y operaciones, lo cual ocasiona frustración en el personal altamente especializado”.
Destacó que con la politización de la industria petrolera, impulsada por el gobierno, las gerencias son dirigidas por cuadros del Partido Socialista Unido de Venezuela, que exigen lealtad al proceso revolucionario en lugar de buenos resultados operacionales y financieros.
A la situación se suman los bajos sueldos, entre 40.000 y 100.000 bolívares mensuales, cuando en el exterior las petroleras transnacionales pagan de 25 a 50 dólares la hora a un profesional y técnico con la experiencia y capacidad de los venezolanos.
“Del Complejo Refinador Paraguaná este año se han ido 700 operadores de planta con carreras de 10 y 30 años de servicio. Esas vacantes no se pueden llenar de la noche a la mañana porque el personal de relevo requiere un entrenamiento de 10 años para cumplir esas funciones”, expresó Freites.
Explicó que la gente está renunciando masivamente en las áreas operacionales por las malas condiciones de seguridad e higiene industrial en las instalaciones, pues los accidentes e incidentes ocurren con frecuencia por la baja ejecución de los programas de mantenimiento preventivo y correctivo, la falta de repuestos y el impago de Pdvsa a sus proveedores y contratistas.
“En 1936 hubo una huelga de trabajadores petroleros y una de las exigencias a las empresas fue la provisión de agua potable fría. Hoy, el personal de Pdvsa tiene que llevar su propia agua porque la empresa no se la garantiza”, indicó Freites.
Los trabajadores petroleros han sido captados por las empresas de hidrocarburos que operan en Colombia, Perú, Ecuador, México, Trinidad y Tobago, Argentina, Kurdistán, Estados Unidos, Canadá y naciones árabes y africanas, miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo.
En la Corporación Eléctrica Nacional la fuga de talentos como consecuencia de los bajos sueldos, la eliminación de beneficios socioeconómicos y la persecución política interna generó la renuncia de 1.300 trabajadores en un mes (entre julio y agosto pasados), dijeron los representantes sindicales.
Reinaldo Díaz, del sindicato de trabajadores eléctricos de la Gran Caracas, Miranda y Vargas, informó que la gente renuncia porque en Corpoelec no hay motivación para que el personal se quede.
“Se han ido ingenieros, químicos, linieros y técnicos, entre otros, con más de 15 años de experiencia porque se cansaron del acoso laboral y las malas condiciones socio-económicas y de seguridad industrial”, afirmó.
Refirió que esos trabajadores han preferido emigrar al exterior y a otras empresas en Venezuela “en la búsqueda de mejores condiciones y un futuro para ellos y sus familias”.
Díaz alertó que la salida masiva de personal altamente calificado y experimentado de Corpoelec afecta la calidad en la prestación del servicio, además de que no es fácil conseguir el personal de relevo requerido para atender un sector tan complejo y prioritario como el eléctrico.
El dirigente obrero precisó que los 1.300 trabajadores que se fueron representan 3% de la nómina de 42.000 empleados de Corpoelec.
Además de obligarlos a marchar todos los días, los empleados públicos son forzados a retornar a los organismos para laborar hasta las 5:00 y 6:00 de la tarde. “Ni agua le dan a la gente que está marchando bajo el sol o la lluvia. Es un trato inhumano. Me negué a que mi personal regrese a la oficina después de un acto político”, denunció una funcionaria con cargo 99.