La fiscalía española solicitó este miércoles 11 años de prisión y una multa de 59 millones de euros para el antiguo presidente del FC Barcelona Sandro Rosell, acusado de blanqueo de dinero relacionado con la venta de derechos televisivos de partidos en Brasil.
La fiscalía de la Audiencia Nacional, una alta jurisdicción especializada entre otros en casos de corrupción, acusa a Rosell, su esposa y otras cuatro personas de “lavado de capitales a gran escala” de al menos 19,9 millones de euros desde 2006.
Son sospechosos de haber escondido dinero obtenido ilegalmente por Ricardo Teixeira, expresidente de la Confederación de Fútbol Brasileña (CBF).
Rosell vivió y trabajó en Brasil, donde forjó numerosos contactos empresariales.
El caso se centra en un contrato firmado en 2006 para vender la retransmisión de 24 partidos amistosos de la selección brasileña a una compañía con sede en Islas Caimán.
Rosell y su esposa habrían recibido casi 15 millones de euros en sus cuentas como parte del negocio.
Luego habrían entregado 8,4 millones de euros a Texeira y conservado para ellos los restantes 6,6 millones.
Rosell y otras personas también están acusados de haber ocultado unos 5 millones de euros obtenidos ilícitamente por Texeira como parte de un patrocinio de Nike a la selección brasileña.
Texeira, exvicepresidente de la FIFA, está siendo investigado por la justicia en Brasil así como en Estados Unidos, en el marco del “Fifagate”, el escándalo de corrupción que implicó a varios dirigentes del fútbol mundial.
La fiscalía española solicitó 7 años de prisión y 50 millones de euros de multa contra la mujer de Rosell, Marta Pineda.
Asimismo pidió para uno de los otros cuatro sospechosos, Joan Besoli, consultor financiero basado en Andorra, 10 años de prisión y 55 millones de euros de multa.
Rosell renunció a la presidencia del Barcelona en 2014 tras ser imputado por presunto fraude fiscal en el turbio fichaje de Neymar en verano de 2013 procedente del Santos.
Rosell consiguió finalmente la exculpación gracias a un acuerdo entre la directiva azulgrana y la justicia para que toda la culpabilidad la asumiera el club como persona jurídica.
Pero el expresidente del Barça tiene otro juicio pendiente nacido de la querella del fondo brasileño DIS, antiguo poseedor de parte de los derechos de Neymar, que se sintió perjudicado por la operación. reseñó AFP