El gobierno de España anunció en 2015 que otorgaría la ciudadanía a los descendientes de judíos expulsados durante la Inquisición, lo cual fue aprobado por unanimidad en el Parlamento. Determinaron también que no es necesario que los postulantes sean judíos o renuncien a su nacionalidad actual, pero sí que demuestren que hablan español y aprueben un examen de ciudadanía.
Ante las recientes resoluciones y cambios en los criterios administrativos en materia de nacionalidad, vale destacar que el ordenamiento jurídico español mantiene plenamente vigente el reconocimiento del derecho a la nacionalidad española por origen sefardí, basado en la acreditación de vínculos históricos, genealógicos y culturales con los judíos expulsados de España.
Sefar Universal –firma pionera a nivel internacional en la creación de una nueva rama del derecho denominada “Derecho Genealogista”, producto de más de nueve años de investigación y más de once mil nacionalidades europeas aprobadas– subraya que el reconocimiento del origen sefardí continúa siendo una vía legítima.
El Dr. Crisanto Bello, presidente de Sefar Universal, asegura que el reconocimiento sustentado en la tradición jurídica española y en los principios de justicia histórica, les concede a los descendientes de sefardíes acreditar su condición mediante pruebas documentales que demuestran su linaje y conexión con comunidades de origen español.
Los especialistas en esta disciplina coinciden en que las nuevas resoluciones no pueden desvirtuar un derecho basado en la acreditación del origen y la continuidad histórica. “La Administración no puede exigir requisitos adicionales a los previstos por la ley ni rechazar solicitudes cuando el expediente cumple con todos los recaudos legales”.
Actualmente, Sefar Universal posee uno de los archivos históricos más amplios que existen y contiene los linajes de miles de apellidos latinoamericanos certificados por la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) y la Comunidad Israelita de Lisboa (CIL). De igual manera, de ser necesario, elaboran expedientes basados en documentos de archivos nacionales, parroquiales y notariales de Europa y América Latina. Poseen acceso especializado a registros históricos y tienen la habilidad de interpretar escrituras antiguas, muchas de ellas con más de seiscientos años de antigüedad.
En conclusión, las recientes modificaciones administrativas no eliminan ni vacían de contenido el derecho al reconocimiento de la nacionalidad española por origen sefardí. Éste permanece como una vía legítima, vigente y necesaria.
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