El legado de Federico García Lorca, más de 19.000 documentos acumulados entre 1909 y 2014, no podrá venderse ni enajenarse en España o en cualquier otro país, tras la decisión de la Comunidad de Madrid, que hoy publica su Boletín Oficial (BOCM), de declararlo Bien de Interés Cultural (BIC).
La iniciativa, dado el «elevado» interés histórico y archivístico y ante la sospecha de que pudiera enajenarse todo o parte para cubrir las deudas que acumula la Fundación García Lorca, procede del ministerio de Educación, Cultura y Deporte pero es a la comunidad autónoma, por ser donde está depositado el archivo, a quien ha correspondido llevar adelante la medida.
La resolución, que incluye una recensión de los bienes así como una biografía del escritor, explica que desde 2000 la subdirección general de Archivos de la dirección general de Patrimonio Cultural tenía censados los archivos de la Fundación Federico García Lorca, pero esa «medida básica de protección» se considerado ahora, «en base al informe técnico» que ha realizado esa subdirección, «insuficiente y no adecuada a su importancia real».
El informe destaca «el valor excepcional» de los archivos, constituidos por manuscritos, correspondencia, fotografías, dibujos, pinturas, partituras, libros, documentos sonoros y visuales, artículos periodísticos y mobiliario del poeta y dramaturgo español «más importante del siglo XX». El informe destaca «el valor excepcional» de los archivos, constituidos por manuscritos, correspondencia, fotografías, dibujos, pinturas, partituras, libros…
La «singularidad» de los mismos es «alta» por tratarse, en buena parte, de documentos originales del poeta granadino (Fuente Vaqueros, 1898-Víznar, 1936) y que la unidad de los archivos se ha mantenido a lo largo del tiempo. La resolución incide en la importancia de las obras manuscritas como fuente primaria para los investigadores de la obra del poeta, y así el «fondo documental» está datado entre 1909 y 1936, y las piezas relacionadas, «en continuo crecimiento y actualización», corresponden al periodo transcurrido entre 1909 y 2014.
«A ello hay que añadir el interés de las piezas de otros artistas representados en el apartado de obras de arte de los archivos, como Salvador Dalí, Manuel Ángeles Ortiz o Ramón Gaya, entre otros».
La resolución destaca que el estado de conservación es «bueno» y los criterios que se pudieran aplicar en «eventuales intervenciones futuras», habrán de ser «los de mínima intervención, diferenciación y reversibilidad».
La Fundación Federico García Lorca, creada como centro de estudios para facilitar el acceso de los investigadores al universo lorquiano y proteger el legado del escritor, se constituye en 1982 y se inscribe en el Registro de Fundaciones en 1984.
Desde 1986 la Fundación, cuyo material está inventariado desde mayo de 1993, está ubicada en el Edificio Trasatlántico, en la Residencia de Estudiantes de Madrid.
La dirección general de Patrimonio Cultural solicita en su resolución informe a la Real Academia Española y a la Real Academia de la Historia que si no son emitidos en el mes siguiente a su petición se entienden «favorables» y se abre un periodo de un mes de información pública para dar audiencia a los interesados, al Ayuntamiento de Madrid y al Consejo Regional de Patrimonio Histórico.
La declaración como BIC del legado de García Lorca se interpreta en Granada, según ha declarado su alcalde en funciones y concejal de Cultura, Juan García Montero, como el inicio de la solución para que los fondos lorquianos se custodien en la ciudad andaluza, aunque aún hay que solucionar la solvencia de la fundación.
La presidenta y sobrina del poeta, Laura García Lorca, interpuso el pasado mes de junio una denuncia contra el secretario de la institución, Juan Tomás Martín, por presunta falsedad y apropiación indebida.
La entidad tendría pendientes de pago o justificación 12 millones de euros, y el supuesto «agujero» tendría que ver con ayudas concedidas para la construcción del centro y justificadas con facturas ajenas a las obras del edificio. Entonces se encargaron dos auditorías y se detallaba que la Fundación debía pagar 7,7 millones al ministerio, a Ferrovial y a La Caixa y que el resto del dinero estaba pendiente de justificar a Cultura y a la Junta.
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