Yarian Revete señaló que personas vinculadas al Gobierno de Nicolás Maduro habrían facilitado armas y protección a la organización criminal. Según su testimonio, la megabanda sería utilizada como un «segundo frente» ante una eventual intervención estadounidense o un golpe de Estado. La joven evitó identificar a los presuntos responsables por temor a posibles represalias
Yarian Revete, hija del fallecido líder criminal Carlos Luis Revete, conocido como «El Koki», aseguró que funcionarios y personas vinculadas al chavismo habrían mantenido relaciones con la megabanda que operaba en la Cota 905, en Caracas, e incluso facilitado parte de su armamento.
Las declaraciones fueron ofrecidas durante una entrevista con el periodista Luis Olavarrieta, quien le preguntó sobre el origen del arsenal que manejaba la organización criminal, cuyos integrantes llegaron a ejercer control sobre distintos sectores del oeste de la capital venezolana.
Aunque afirmó conocer a personas relacionadas con estas operaciones, Revete se negó a revelar sus identidades por temor a las consecuencias. «Sí, me reservo los nombres por tu seguridad y por mi seguridad y de todos los presentes. Pero sí, están ligadas al gobierno», expresó.
Al ser consultada sobre si hacía referencia al Gobierno de Nicolás Maduro, respondió afirmativamente.
Durante la conversación, la joven también explicó cuál habría sido, según su versión, el propósito de esa presunta relación entre el poder político y la estructura delictiva.
El gobierno lo que quería era como un segundo frente en caso de una invasión estadounidense o de un golpe de estado», afirmó.
Asimismo, sostuvo que la organización habría sido considerada como un respaldo para enfrentar posibles escenarios de confrontación y mantener el control de la población.
«Ellos querían como esa seguridad de que iban a tener un segundo apoyo, que iban a poder, ¿sabes?, controlar las masas en caso de que se le saliera de las manos a ellos, porque sabían que en cualquier momento podía pasar», agregó.
Revete no identificó a los funcionarios que supuestamente habrían participado en esos acuerdos, ni precisó quiénes suministraron las armas o cómo se habría financiado la estructura criminal.
Los antecedentes de la Cota 905
Las afirmaciones de la hija de «El Koki» vuelven a poner sobre la mesa los señalamientos sobre las relaciones entre organismos del Estado y grupos criminales durante la implementación de las llamadas zonas de paz.
Investigaciones de InSight Crime documentaron cómo esta política, que implicó la retirada de cuerpos policiales de determinadas comunidades, favoreció la expansión de organizaciones delictivas y el fortalecimiento de su control territorial.
En el caso de la Cota 905, la organización que encabezaba Carlos Luis Revete habría mantenido un acuerdo tácito de no agresión con las autoridades chavistas desde al menos 2017, según una investigación de ese medio especializado.
Ese entendimiento habría permitido a la megabanda desarrollar sus actividades con una intervención policial limitada. Sin embargo, la situación cambió cuando sus integrantes intentaron ampliar su dominio hacia La Vega, lo que desencadenó enfrentamientos con los cuerpos de seguridad.
La hija del cabecilla también aseguró que la relación con sus antiguos interlocutores se deterioró cuando los integrantes de la banda dejaron de aceptar determinadas actuaciones. Según su relato, su padre confiaba en que los contactos dentro del aparato estatal evitarían una ofensiva definitiva contra la organización.
La ruptura terminó de evidenciarse en julio de 2021, cuando las autoridades desplegaron operativos contra la megabanda en la Cota 905. Los enfrentamientos registrados entre el 7 y el 9 de ese mes dejaron un saldo de 37 fallecidos, de acuerdo con el balance de Monitor de Víctimas, incluidos civiles alcanzados por balas perdidas.
Las declaraciones de Yarian Revete constituyen señalamientos realizados durante una entrevista y, por sí solas, no representan una comprobación independiente de la presunta participación de funcionarios gubernamentales en el suministro de armas o protección a la organización criminal.