Cuba actualizó este lunes su normativa de petróleo y gas, que fija el régimen jurídico para la cadena de valor de estos recursos y abre la participación a la inversión de nacionales y extranjeros, en una ley alineada «con las necesidades económicas del país», sumido en una profunda crisis energética desde hace dos años.
La normativa, publicada en la Gaceta Oficial esta jornada y que entrará en vigor siete días después, regula de manera integral desde la exploración en zonas terrestres y aguas profundas hasta la refinación, transporte y comercialización de los hidrocarburos.
El Gobierno cubano busca así incentivar el desarrollo de sus reservas a fin de tratar de mitigar la dependencia de importaciones de combustible, en medio de la crisis energética de la isla, agravada desde enero por el bloqueo petrolero de EE.UU., que ha cortado las importaciones de crudo a la isla.
Washington impuso además, sanciones en mayo a quienes mantengan negocios con la isla que han ahuyentado a los inversionistas extranjeros como la minera canadiense Sherritt International que, tras 30 años en la isla, suspendió su participación directa en sus empresas mixtas en Cuba (Moa Nickel y Energas).
La normativa abre un marco estructurado de participación para que «personas naturales o jurídicas, nacionales y extranjeras puedan participan en las actividades petroleras», mediante modalidades como «contrato de producción compartida; concesión petrolera y contrato de servicios petroleros».
Pero mantiene que «los yacimientos de petróleo, gas y sustancias que los acompañan, que se encuentren en el subsuelo del territorio nacional, cualquiera que sea su estado físico, son de propiedad socialista de todo el pueblo y se rigen por los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad».
Para la adjudicación de bloques de exploración y explotación, el texto establece como principio general el uso de licitaciones públicas abiertas, aunque puntualiza que estos bienes son «inembargables y pueden trasmitirse en propiedad «solo en casos excepcionales».
Los contratos de producción compartida contarán con una vigencia de hasta 40 años, prorrogables por una década adicional, «por aprobación de la autoridad habilitante, siempre que existan recursos de petróleo y gas que no se hayan agotado en el plazo de la vigencia”, señala la norma.
Mientras que las concesiones administrativas se fijan en plazos de hasta 30 años, también «con opción de prórroga hasta otros diez años”.
La ley consagra el principio de responsabilidad objetiva y recae en «el operador de las instalaciones, así como en los consumidores y usuarios del petróleo, el gas y sus productos derivados», la “responsabilidad por la seguridad tecnológica de las actividades y los productos que generan riesgos para la salud del trabajo y el medio ambiente”.
Asimismo, puntualiza que «las empresas de bienes y servicios nacionales tendrán derecho de primera opción en los procesos de contratación para las actividades petroleras, a partir del cumplimiento de las especificaciones de calidad, plazos necesarios y precios competitivos». EFE