El presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Héctor Obregón, informó este lunes que los contratos petroleros suscritos tendrán una duración inicial de 25 años, aunque podrán ser renovados mediante acuerdos entre las partes.
“El contrato está firmado a 25 años, pero legalmente, de mutuo acuerdo, pueden haber renovaciones contractuales por períodos similares”, señaló Obregon en una entrevista con Shirley Varnagy.
En este sentido, agregó que espera que el petróleo continúe teniendo un papel relevante dentro de la matriz energética mundial durante el próximo siglo. “Esperemos, por el bienestar de Venezuela, que el petróleo dentro de la matriz energética continúe siendo fuente durante 100 años”, manifestó.
El presidente de Pdvsa explicó que el esquema forma parte de los Contratos de Participación Productiva en Hidrocarburos (CPPH), diseñados dentro de las reformas del marco legal petrolero venezolano para generar condiciones que permitan atraer capital privado e internacional.
Obregón señaló que el sector de hidrocarburos trabajó durante aproximadamente 24 meses para crear las condiciones necesarias para atraer inversionistas y desarrollar las reservas venezolanas.
Explicó que el objetivo es convertir la producción petrolera en beneficios para la población, mediante recursos destinados a áreas como escuelas, suministros hospitalarios, viviendas, carreteras, agua y transporte.
Según su explicación, el Estado venezolano obtendría ingresos a través de regalías, impuestos y su participación contractual en la producción de hidrocarburos.
Mientras tanto, el socio privado recibiría la producción correspondiente para comercializarla, refinarla o transformarla en combustibles y otros derivados.
Consultado sobre el control de los fondos y las declaraciones del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, quien afirmó que Washington tendrá un control estricto sobre el flujo del dinero, Obregón aseguró que Pdvsa «administra sus propios recursos».
“Estados Unidos no se queda con el petróleo”
Obregón también fue consultado sobre las operaciones mediante las cuales Estados Unidos ha adquirido petróleo venezolano durante los últimos meses y sobre qué porcentaje de esas ventas quedaría en manos del Gobierno estadounidense.
El funcionario negó que Washington se quede directamente con una parte del crudo venezolano y señaló que Estados Unidos compra el petróleo mediante operaciones comerciales.
Mencionó entre los comercializadores a Vitol y Trafigura, empresas que han colocado crudo venezolano en mercados de Estados Unidos, Asia y el Caribe.
Según Obregón, no existe un porcentaje del petróleo que el Gobierno estadounidense se quede como parte de esas operaciones. Explicó que se trata de contratos comerciales y que el resto de la producción puede ser colocado en otros destinos, de acuerdo con los descuentos y condiciones correspondientes de cada mercado.
Sobre la estructura del acuerdo anunciado por Estados Unidos, Obregón explicó que se trata de un esquema tripartito, en el que intervienen la empresa estadounidense North American Blue Energy Partners (Nabep), el Gobierno estadounidense y Pdvsa
Detalló que Nabep es la entidad que suscribe comercialmente los acuerdos, mientras que el Gobierno de Estados Unidos participa como accionista de la estructura empresarial.
Sobre el acuerdo entre EE. UU. y Venezuela
La Casa Blanca divulgó el 31 de agosto detalles del convenio y afirmó que el acuerdo permitirá a Estados Unidos obtener «control mayoritario» sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de Venezuela.
La versión estadounidense señala que las autoridades interinas venezolanas otorgaron a Nabep concesiones por 100 años sobre 17 campos con reservas estimadas en unos 65.000 millones de barriles.
La Casa Blanca indicó además que Nabep otorgó a la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Guerra de Estados Unidos una participación de 35 % en su empresa matriz, sin costo para el contribuyente estadounidense.
Asimismo, Washington aseguró que el Departamento de Estado tendrá derecho a comprar a precio de producción el 20 % del petróleo extraído de los campos actuales y futuros operados por NABEP, además de un derecho de primera opción sobre el 80 % restante.
El Gobierno estadounidense también tendría derecho de veto sobre la designación de miembros de la junta directiva de Nabep y, según la Casa Blanca, la mayoría de los integrantes de ese órgano deberán ser ciudadanos estadounidenses.
La Casa Blanca añadió que parte de la nueva producción venezolana será procesada en refinerías estadounidenses y extraída mediante equipos e infraestructura de ese país.
Washington calcula que Nabep pagará aproximadamente 200.000 millones de dólares en regalías e impuestos durante los primeros 25 años de operaciones.
La Casa Blanca sostiene que esos recursos servirán como respaldo fiscal para los gobiernos venezolanos y contribuirán al financiamiento de programas de reconstrucción y desarrollo social.
Por su parte, Delcy Rodríguez calculó que Venezuela podría recibir 209.335 millones de dólares durante los 25 años del proyecto, tomando como referencia un precio de 65 dólares por barril, lo que equivaldría a unos 19 dólares que ingresarían al país por cada barril producido y vendido.
La mandataria también señaló que el acuerdo contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos, con una meta inicial de producción superior a 1,5 millones de barriles diarios, además de ocho bloques greenfield en la Faja Petrolífera del Orinoco.
Estos últimos contemplarían, según Rodríguez, regalías mínimas de 16 % y una tasa de Impuesto Sobre la Renta de 34 %.
Rodríguez ha insistido en que Venezuela mantiene la propiedad y soberanía sobre sus recursos naturales, mientras que el capital y la tecnología extranjera permitirán recuperar y ampliar la capacidad productiva.
Cuestionamientos
El convenio también provocó cuestionamientos dentro de sectores de la oposición venezolana.
La dirigente María Corina Machado manifestó que existe «preocupación» entre venezolanos por el alcance real del acuerdo y planteó interrogantes sobre quién lo firma, qué condiciones establece, quién aporta el financiamiento, qué garantías existen y de qué manera se beneficiará la población.
Machado reconoció la necesidad de atraer inversiones para recuperar la industria petrolera, pero sostuvo que el desarrollo de grandes proyectos requiere «seguridad jurídica, instituciones estables y condiciones que permitan reducir el riesgo país».
Por su parte, Acción Democrática en resistencia exigió que el acuerdo sea divulgado junto con sus anexos y las condiciones económicas, jurídicas, operativas y financieras que lo sustentan.
La organización expresó preocupación porque un convenio que compromete durante décadas uno de los principales recursos estratégicos del país haya sido conocido principalmente mediante declaraciones de funcionarios, sin que se haya divulgado públicamente el documento completo.
AD reconoció la necesidad de atraer inversiones, tecnología y capacidades para recuperar la industria petrolera, pero sostuvo que la transparencia debe acompañar cualquier acuerdo de esa magnitud.
La organización pidió que los venezolanos conozcan cómo serán administrados los recursos generados por el petróleo y defendió mecanismos de escrutinio ciudadano, institucionalidad y rendición de cuentas.
Primero Justicia se sumó a los pedidos de información sobre el acuerdo y exigió transparencia, mayor información, rendición de cuentas y garantías verificables.
La organización manifestó su respaldo a las inversiones destinadas a reactivar la producción, generar empleo y recuperar la economía venezolana, pero planteó que los beneficios de cualquier operación petrolera deben poder ser comprobados y estar acompañados por mecanismos de control.
El partido también vinculó la recuperación de la industria petrolera con la reconstrucción institucional del país y reclamó claridad sobre la administración de los recursos que genere el acuerdo.