El economista Asdrúbal Oliveros consideró que el primer acuerdo alcanzado entre el Gobierno venezolano y la oposición para avanzar en la renovación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) puede tener efectos que trasciendan el ámbito político y comiencen a influir en las expectativas económicas del país.
En un análisis publicado en sus redes sociales, Oliveros señaló que el avance en las negociaciones podría «contribuir a reducir la incertidumbre, favorecer la recuperación de recursos y crear condiciones para atraer nuevas inversiones». Sin embargo, advirtió que el impacto dependerá de la ejecución de los acuerdos, las «garantías para su cumplimiento y la construcción de instituciones confiables».
El economista sostuvo que Venezuela requiere capital nacional y extranjero para recuperar su capacidad productiva, pero afirmó que los inversionistas necesitan «algo más que oportunidades de negocio»: seguridad jurídica, reglas claras, instituciones confiables y mecanismos para resolver controversias.
En ese sentido, destacó que un TSJ con mayor independencia y legitimidad podría representar una mejora en uno de los principales factores que determinan el riesgo económico del país.
La ejecución será clave
Oliveros pidió «cautela» ante el primer entendimiento entre las partes y señaló que los inversionistas estarán atentos a aspectos como el mecanismo de selección de los nuevos magistrados, su nivel de independencia, el cronograma de los acuerdos y las garantías para que sean cumplidos.
A su juicio, cada compromiso ejecutado puede aumentar la confianza en las siguientes etapas del proceso, mientras que un incumplimiento podría tener el efecto contrario.
También resaltó el posible papel de Estados Unidos como garante de los acuerdos, al considerar que su participación podría contribuir a establecer mecanismos de cumplimiento y aumentar el costo político de desconocer lo pactado.
No obstante, advirtió que existe el riesgo de que algunos acuerdos respondan principalmente a los «intereses estadounidenses» y no necesariamente a los de Venezuela.
Recursos en el exterior podrían superar los $10.000 millones
Otro de los aspectos señalados por Oliveros fue la posibilidad de acceder a recursos y activos venezolanos ubicados en el exterior.
Según sus estimaciones, estos fondos podrían superar los 10.000 millones de dólares y, bajo mecanismos transparentes y aceptados por las partes, podrían contribuir a financiar parte de la reconstrucción del país tras los terremotos del 24 de junio.
El economista planteó que esos recursos podrían destinarse a infraestructura, viviendas y recuperación de servicios públicos, especialmente al sistema eléctrico, cuyo deterioro considera una de las principales limitaciones para la actividad económica.
Sin embargo, insistió en que la disponibilidad de esos fondos no resolvería por sí sola los problemas estructurales de Venezuela.
Oliveros sostuvo que el país necesita acompañar la recuperación de recursos y el aumento de los ingresos petroleros con un programa económico que permita corregir los desequilibrios fiscales, monetarios y cambiarios.
Entre las medidas que considera necesarias mencionó el ordenamiento de las cuentas públicas, la reducción del financiamiento monetario del déficit, la transparencia del mercado cambiario, la reconstrucción de las reservas internacionales y la recuperación progresiva del crédito.
También planteó la necesidad de generar condiciones para que el sector privado pueda realizar inversiones a largo plazo y aumentar la capacidad de consumo de los venezolanos.
En su análisis, advirtió que obtener mayores recursos sin modificar la política económica podría limitarse a proporcionar un alivio temporal sin generar estabilidad sostenible.
Propone recuperar la autonomía del BCV
Otro de los puntos que Oliveros considera que deberían incorporarse a las conversaciones es la institucionalidad del Banco Central de Venezuela (BCV).
El economista planteó que un eventual acuerdo para designar una nueva directiva del BCV, integrada por profesionales con credenciales técnicas y autonomía frente al Ejecutivo, enviaría una señal relevante para recuperar la confianza en la política monetaria.
Asimismo, destacó la importancia de fortalecer la autonomía del organismo, mejorar la calidad y oportunidad de las estadísticas económicas y establecer límites al financiamiento monetario del gasto público.
Oliveros resumió que la recuperación institucional del TSJ, la autonomía del BCV, un programa económico «coherente» y el acceso transparente a los recursos venezolanos en el exterior son elementos que deberían avanzar de manera conjunta.
Finalmente, señaló que el primer acuerdo entre el Gobierno y la oposición tendrá inicialmente un efecto principalmente sobre las expectativas. A su juicio, una reducción sostenida del riesgo dependerá de que los compromisos sean ejecutados y se produzcan nuevas garantías que permitan a empresas e inversionistas tomar decisiones con un horizonte de mayor plazo.
“La verdadera prueba comienza ahora”, sostuvo el economista, al destacar que el cumplimiento de los acuerdos será determinante para demostrar si el proceso puede generar cambios sostenibles en Venezuela.