El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se refirió a las informaciones sobre presuntos secuestros y robos de niños o menores ocurridos tras los terremotos del pasado 24 de junio.
La aclaratoria se produjo durante un programa radial conducido por la secretaria general del cuerpo detectivesco, Mercy Bracho, con la participación de la jefa de la División de Investigaciones de Trata de Personas del Cicpc, Miyogla Herrera, quien responsabilizó a «personas inescrupulosas» de propagar información falsa que generó pánico entre la población afectada tras los terremotos.
Es por ello, que desde la División de Trata de Personas, la comisaria Herrera exhortó a «la población para que compartan información de manera responsable, acudan siempre a fuentes oficiales y eviten generar pánico o falsas alarmas que solo generan zozobra en momentos de vulnerabilidad».
Asimismo, explicó los elementos que configuran el delito de trata y detalló las modalidades más frecuentes utilizadas por los delincuentes, con énfasis particular en la explotación sexual.
Herrera advirtió que los ciberdelincuentes suelen aprovecharse de las situaciones de necesidad para captar víctimas, razón por la cual los funcionarios del organismo —afirmó— mantienen un despliegue permanente de pesquisas digitales en redes sociales y páginas web, en busca de publicaciones o perfiles vinculados a estas actividades que impulsan la desinformación y propiamente el delito.
MENORES DESAPARECIDOS
La aclaratoria se dio en el marco se una ola denuncias difundidas a través de las redes sociales sobre la desaparición e irregularidades en la entrega de niños rescatados con vida, de las estructuras colapsadas por los terremotos ocurridos el 24 de junio.
Cuando apenas se cumplían una semana del doble sismo que afectó al país, ciudadanos reportaron en plataformas digitales que al menos siete menores de edad, evacuados originalmente desde los centros de clasificación primaria en La Guaira hacia presuntos centros asistenciales en Caracas, se encontraban desaparecidos.
Ante dicha situación, Unicef instó al Estado venezolano a implementar un sistema técnico de identificación, registro y reunificación familiar para evitar que el caos de la emergencia facilitara delitos contra la infancia.
Poco después, el coordinador general de los Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), Carlos Trapani, contrastó las versiones que circulaban en las redes sociales al aclarar, durante una entrevista en el programa Punto y Seguimos de Radio Fe y Alegría Noticias, que era falso que existía una cantidad masiva o generalizada de niños desaparecidos o solos en las calles.
Sin embargo, advirtió sobre la dimensión del peligro al que se expone la infancia en medio de una emergencia y su señalamiento quedó plasmado en el «informe especial Niñez y Adolescencia afectada tras el sismo».
En el documento se señaló que la desaparición o no localización de menores de edad constituye uno de los principales riesgos en las zonas de emergencia.