Mientras la Asamblea avanza en la aprobación de los primeros artículos de la nueva Ley Orgánica de Minas, donde los 12 artículos ya validados sientan las bases de la propiedad estatal y la gestión de recursos- A partir de esta semana entramos en el terreno más pantanoso: el ambiental y el territorial. Si los artículos restantes no blindan el agua y nuestra biodiversidad, esta ley no será un avance, sino un nuevo permiso de demolición.
El estado actual de la minería al sur del Orinoco es una emergencia nacional que no admite eufemismos ya que la «minería ecológica» que se discute en los borradores legislativos no incorpora mecanismos de consulta previa, libre e informada. Hasta ahora, el debate guarda un silencio preocupante sobre este derecho internacional (Convenio 169 de la OIT). Legislar sobre tierras ancestrales sin el consentimiento real de los pueblos indígenas es un vicio que ninguna fianza ambiental podrá subsanar. La sociedad civil y las comunidades indígenas deben pronunciarse para que el articulado venidero no sea una imposición, sino un pacto con quienes habitan el territorio.
Un punto crítico que se debe abordar con honestidad es el control territorial. De nada servirá crear una Superintendencia Nacional (SUNAMIN) con facultades de inspección, si el Estado no garantiza la seguridad frente a grupos irregulares que hoy dominan los yacimientos. Una ley que ignore la realidad del «sindicato» y la violencia minera será inaplicable. La sugerencia es clara: la nueva normativa debe condicionar cualquier concesión a la recuperación de la soberanía física del territorio. Sin ley en el terreno, la ley en el papel es letra muerta.
Asimismo, el bloque ambiental que se discutirá próximamente debe ser implacable con el uso de químicos nocivos, porque no basta con «promover» mejores prácticas; por lo tanto, la ley debe prohibir taxativamente el mercurio y establecer fondos de remediación obligatorios antes de iniciar cualquier explotación. Debemos recordar que la destrucción del Caroní no solo mata árboles, sino que apaga nuestra capacidad hidroeléctrica y envenena el agua de millones.
Estamos a tiempo de corregir el rumbo, ya que la discusión de los artículos restantes es la oportunidad para que la sociedad venezolana, sus universidades y expertos exijan que la protección de nuestras reservas de agua esté por encima de la urgencia de divisas. La verdadera riqueza de Guayana no es el oro que se extrae para hoy, sino el ecosistema que debe darnos vida mañana. El Parlamento tiene la palabra, pero la ciudadanía tiene la vigilancia.
Finalmente, desde Unidad Visión Venezuela consideramos que esta nueva ley tiene la oportunidad de ser un torniquete, la sociedad civil debe promover la protección ambiental como una realidad verificable dentro del marco de la ley, porque la verdadera riqueza de Guayana no es el metal que se exporta, sino el agua, la vida y la biodiversidad que todos debemos defender.