En sus primeras horas como presidente de Chile, José Antonio Kast firmó seis decretos que inauguran su “gobierno de emergencia” con medidas que van desde el control fronterizo en el norte del país hasta una auditoría integral en todo el sector público.
Las medidas fueron firmadas la noche del miércoles tras su jura como jefe de Estado y los detalles se conocieron el jueves. Parte de esa emergencia incluye un tema estratégico y crucial para su gestión: el control de la migración irregular, ya que durante la campaña Kast prometió expulsiones masivas, construcción de centros de detención y convertir la inmigración clandestina en un delito.
Uno de sus decretos busca declarar como zona militar el sector “más vulnerable” de la frontera con Bolivia y otorga mayores poderes a las Fuerzas Armadas y de seguridad en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Designó, además, al almirante Alberto Soto como el nuevo comisionado presidencial para la región, quien deberá coordinar los esfuerzos entre las distintas instituciones para el control migratorio.
En otra de las órdenes expeditas, el mandatario determinó la implementación inmediata del Plan Escudo Fronterizo bajo el liderazgo del Ejército. La medida instruye “gestionar cambios legales para desincentivar la inmigración irregular” y la “construcción de barreras físicas” en sectores fronterizos estratégicos.
Con promesas de mano dura contra el crimen la migración clandestina, inspiradas en las políticas adoptadas por el salvadoreño Nayib Bukele o Donald Trump en Estados Unidos, Kast conquistó la simpatía de casi el 60% de un electorado ávido por cambios en el país.
En su discurso, Kast —un nostálgico de la dictadura de Augusto Pinochet, cuyo legado y figura ha ensalzado en los últimos años– hizo un guiño a las fuerzas de seguridad y aseveró que “tendrán todo el respaldo de la ley, los recursos del Estado y la voluntad política que durante tanto tiempo les faltó”.
Auditorías en ministerios
El presidente, cuya investidura marca el giro más acentuado hacia la derecha desde el fin de la dictadura militar en 1990, también ha determinado vía decreto una auditoría integral de los ministerios e instituciones estatales para que “cualquier irregularidad sea detectada y denunciada de inmediato”.
Igualmente, instruyó celeridad a decenas de tramitaciones administrativas que están “bloqueando inversiones por 16.000 millones de dólares”, sin detallar la naturaleza de los proyectos.
Finalmente, dictaminó la aceleración del plan de reconstrucción habitacional y urbana en las áreas afectadas por los mortales incendios del pasado enero, que han devorado cientos de miles de hectáreas en el sur del país y dejado un rastro de destrucción con al menos 23 muertos.
Protestas y violencia
La jornada de ascensión de Kast ha sido marcada por diversas protestas puntuales, enfrentamientos con la policía y registros de violencia entre simpatizantes y detractores del nuevo presidente.
A pocos metros del Palacio de La Moneda, manifestantes contrarios al Ejecutivo quemaron barricadas y llegaron a agredir a un grupo de individuos que, según gritaban los asistentes, serían asesores del presidente y su gabinete. El equipo de Kast no ha respondido de forma inmediata a un pedido de comentario sobre los ataques.
Uno de los disturbios más graves se dio en la céntrica Plaza Italia, escenario de las multitudinarias protestas de 2019 y 2020 que pusieron contra las cuerdas el sistema político chileno. Un grupo de individuos encapuchados atacó con piedras y otros objetos a carabineros, vehículos e incluso el automóvil del nuevo subsecretario de relaciones exteriores, Patricio Torres, cuando se dirigía a casa tras el cambio de mando.
La policía respondió con bombas de gas lacrimógeno y agentes llegaron a efectuar disparos con sus armas de fuego “en vista de la agresión a la integridad física inminente de estos y de las personas que se encontraban en el lugar”, según reconoció el teniente coronel Bernardo Leiva a la prensa.
Las autoridades igualmente investigan si un brutal ataque a un conocido activista chileno, exmiembro de la Convención Constitucional conformada tras el estallido social, tendría motivaciones políticas, después de que éste fuera encontrado inconsciente y con significativas lesiones en la cabeza y otras partes del cuerpo.
La Policía de Investigaciones confirmó a los periodistas que la víctima, identificada como Rodrigo Rojas Vade, fue encontrada maniatada y presentaba rayados con alusiones políticas. Fue ingresado en un hospital de Santiago en la madrugada y está en riesgo vital.