La Fiscalía General de Ecuador ejecutó este sábado un allanamiento a la sede del movimiento Revolución Ciudadana, organización liderada por el expresidente Rafael Correa, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos vinculada a la campaña presidencial de 2023.
El operativo se llevó a cabo en la ciudad de Quito como parte del caso denominado Caja Chica. En su cuenta oficial en la red social X, el Ministerio Público informó que la diligencia tuvo como objetivo recabar indicios relacionados con la investigación.
En el lugar, agentes revisaron documentación y otros materiales que podrían aportar elementos al proceso.
La causa indaga una supuesta estructura de delincuencia organizada que habría canalizado dinero en efectivo desde Venezuela para «financiar actividades electorales del correísmo durante los comicios anticipados de 2023». La investigación previa fue abierta a finales de enero de este año.
Un mes atrás, dentro del mismo expediente, la Fiscalía llevó a cabo allanamientos a las viviendas de la excandidata presidencial Luisa González, del asambleísta Patricio Chávez y de la exsuperintendenta de Compañías Suad Manssur.
También figuran como investigados el expresidente Rafael Correa; el excandidato vicepresidencial Andrés Arauz; los exministros de Economía Patricio Rivera y Fausto Herrera; y la abogada Bibian Hernández. Varios de ellos no residen de forma permanente en el país.
La versión sobre un eventual financiamiento desde Venezuela tomó fuerza tras declaraciones del exasambleísta y exjefe de campaña Santiago Díaz, quien aseguró ante la Fiscalía haber «trasladado dinero desde ese país por disposición de Correa».
El exmandatario ha negado categóricamente esa acusación. Díaz, actualmente suspendido de su cargo legislativo y procesado en otra causa judicial, afirmó que su vida corría riesgo tras revelar esa información.
Tras el operativo de este sábado, la Fiscalía señaló que se incautaron documentos que serán incorporados al expediente, sumándose a celulares, dispositivos electrónicos y pasaportes recolectados en diligencias anteriores.
Hasta el momento, ninguno de los investigados ha sido detenido ni formalmente vinculado al proceso. De avanzar la causa, el procedimiento contemplaría la formulación de cargos y las etapas previstas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece penas de hasta 26 años de prisión para el delito de delincuencia organizada, y de hasta 22 años en casos de lavado de activos, dependiendo del grado de participación.
Dirigentes de Revolución Ciudadana han rechazado los señalamientos y sostienen que se trata de una «persecución política» en un contexto de alta confrontación entre el movimiento opositor y el gobierno del presidente Daniel Noboa.