España pide a la UE levantar sanciones contra Delcy Rodríguez tras aprobación de la Ley de Amnistía

El Gobierno de España anunció este viernes que solicitará formalmente a la Unión Europea (UE) que retire las sanciones impuestas a Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, luego de que la Asamblea Nacional venezolana aprobara por unanimidad la Ley de Amnistía para presos políticos.

La iniciativa fue anunciada por el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, durante un encuentro con la prensa en Barcelona, donde subrayó que, ante los pasos dados en Caracas, la UE debería ajustarse a los avances en el país.

«Vamos a solicitar a la Unión Europea que retire las sanciones a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, porque la Unión Europea tiene que enviar una señal, una señal de que se está avanzando por el buen camino en esta nueva etapa», dijo.

Albares insistió en que retirar las sanciones a Rodríguez sería una señal de apoyo al proceso de distensión política en Venezuela, promoviendo además el regreso de venezolanos en el exterior que deseen volver al país.

El canciller español también recordó la Unión Europea no incluyó a Nicolás Maduro en sus sanciones individuales, debido a una práctica común del bloque de mantener fuera de esas medidas a los presidentes en ejercicio y a los ministros de Relaciones Exteriores, con el propósito de preservar canales de diálogo abierto con las autoridades del país afectado

«Las sanciones nunca son un fin, son un medio para alcanzar fines, para que se produzca este diálogo amplio, pacífico y democrático en Venezuela. Si se están dando pasos hacia ello, la Unión Europea también tiene que darlos», añadió.

La Ley de Amnistía aprobada el jueves permite la liberación de presos vinculados a hechos políticas específicos ocurridos entre 2002 y 2025, aunque excluye a personas que se encuentren o puedan ser procesadas o condenadas por “promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial” de Venezuela por parte de “Estados, corporaciones o personas extranjeras”.