La Ley de amnistía para los implicados en el proceso independentista de Cataluña, aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 30 de mayo, entró en vigor este martes 11 de junio, en medio de polémica y reticencias. Los jueces tienen ahora dos meses para ponerla en práctica. La norma establece que se suspenderán de forma inmediata las medidas cautelares y las órdenes de detención contra los implicados en el ‘procés’, algo que la comunidad jurídica se niega a aplicar
Ley aprobada y en vigor, pero los implicados en el proceso independentista de Cataluña tendrán que sortear otro obstáculo, el de una comunidad jurídica que ve reticencias a la hora de aplicar la nueva normativa aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 30 de mayo.
La ley de amnistía borra las responsabilidades penal, administrativa y contable de las personas relacionadas con el proceso independentista de los últimos doce años. Además, establece que se suspenderán de forma inmediata las medidas cautelares y las órdenes de detención en vigor,
Pero las discrepancias entre los juristas no son pocas y cuestionan que la ley que perdona estos delitos se pueda aplicar de forma automática. Es decir, la norma tiene recorrido a nivel político, pero no jurídico, y el Tribunal Supremo quiere actuar.
Además, los tribunales, que tienen dos meses para aplicar la ley, pueden plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional o una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE, y el proceso en el que estén trabajando quedaría en suspenso.
La aprobación de una ley de amnistía fue una condición que impusieron los partidos independentistas catalanes para apoyar en el Congreso la elección como presidente del socialista Pedro Sánchez, en 2023, ya que no contaba con mayoría suficiente.
Pero la norma, apoyada por la izquierda y los partidos independentistas y nacionalistas de la Cámara, es rechazada de manera tajante por el conservador Partido Popular (PP) y por el ultraderechista Vox, que la tachan de inconstitucional y han anunciado recurso ante el tribunal de garantías.
Controversia judicial
Los fiscales han comenzado a movilizarse ante un posible frente común para oponerse a amnistiar el delito de malversación y de terrorismo, algo que la propia norma excluye si «afecta a intereses financieros de la Unión Europea». La última palabra la tendrá el fiscal general, Álvaro García Ortiz.
El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ya ha pedido que se mantenga la orden de detención para Carles Puigdemont y pidió opinión a la Fiscalía sobre si le afecta la norma o si la malversación que se le imputa queda fuera del perdón.
¿Qué implica la Ley de Amnistía en vigor?
✔️Un atentado al Estado de Derecho y a la soberanía nacional.
✔️Un país de ciudadanos de primera y de segunda.
✔️Premiar y privilegiar a delincuentes.#Iniciativa no acepta esta hoja de ruta.🟨🔷️ pic.twitter.com/nLlOa1eGAR
— Iniciativa (@esp_iniciativa) June 11, 2024
El juez, por lo tanto, quiere saber si delitos como la malversación de fondos públicos entrarían en la amnistía o «pueden considerarse excluidos» si afectan a los intereses financieros de la Unión Europea, uno de los preceptos que la ley deja fuera.
La ley establece que el juez debe dejar sin efecto las órdenes de busca y captura, pero Llarena considera contradictorio un artículo, en relación a los informes que se deben pedir a las partes, de modo que da cinco días para que expresen su criterio.
Justicia en manos conservadoras
El Partido Popular, principal formación de la oposición, está en pie de guerra contra la amnistía, que considera «inconstitucional» y promete derogar si vuelve al poder. De los despachos del conservador Partido Popular –por entonces, en el Gobierno– salió la idea de prohibir el proceso de votación del 1 de octubre de 2017, un referendo de independencia que fue ilegalizado y se intentó evitar el mismo día de votación con brutalidad policial. Pero ahora que la formación política no controla el poder ni la fuerza policial, sigue teniendo a la justicia bien amarrada.
El poder judicial en España está regido por el Consejo General del Poder Judicial, órgano que ahora está en el punto de mira de Bruselas. De hecho, el Eurobarómetro le insta a retomar «de forma inmediata» la negociación que se inició con mediación de la Comisión Europea para su renovación: España se sitúa como uno de los seis países de la UE en los que menos se confía en la independencia judicial.
Y como en el Gobierno, ahora socialista, comienzan a urgir un relevo de los principales responsables judiciales del país, también comienzan a criticar el bloqueo del Partido Popular a la institución.
El Consejo General del Poder Judicial lleva en funciones desde el 4 de diciembre de 2018, es decir, desde hace cinco años y tres meses: época en que Mariano Rajoy dejó de ser presidente del Gobierno. Y su partido, anteriormente con mayoría absoluta en el Congreso, pudo nombrar a los jueces del Consejo a su antojo.
Durante estos últimos años se han producido varios intentos fallidos de renovación, todos ellos abortados por el Partido Popular, que no quiere perder su posición hegemónica en el órgano de gobierno de los jueces.